Tomar un vaso de agua del grifo es un ejercicio imposible para miles de personas en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos, donde las crisis por contaminación del agua se reproducen cada pocos años. El actual alcalde, José Manuel Carballar, reconoció en 2011 que la mayoría de la población, “como la calidad es mala, están acostumbrados a beberla de botella”. En 2009, como en 2011 o en 2015, las autoridades sanitarias tuvieron que intervenir por diferentes crisis para la salud pública derivadas de la falta de mantenimiento e inversiones en la red municipal de abastecimiento de aguas. Algunas fuentes llevan clausuradas desde 2015.
Hasta ahora el PSOE, que gobierna en la localidad desde 2007, sostenía que estaba garantizado el suministro y que la causa de los cortes y restricciones que padecen centenares de familias las ocasionaban el llenado de piscinas o, como sostuvo hace apenas una semana, un supuesto fraude en los contadores, una cuestión con la que el alcalde Carballar llegó incluso a señalar a los residentes de la Urbanización La Colina, generando gran indignación entre ellos y enfrentamientos entre vecinos de distintas zonas afectados por los cortes o la baja presión de agua.
En medios municipales, el regidor socialista ha apuntado: “La precaria situación de las infraestructuras de abastecimiento imposibilita garantizar tanto la calidad como el suministro de agua, como se pudo comprobar el pasado mes de mayo”, y detalla que estos problemas están aumentando durante los meses de verano “cuando la población llega a triplicarse, viéndose afectadas numerosas barriadas y urbanizaciones”, citan. Fuentes del ayuntamiento añaden a este periódico que la población “se triplica cada verano”, este año por adelantado por la crisis del coronavirus, y que ello causa problemas de “baja presión en determinados puntos y en las horas punta de la ducha, por ejemplo”, conratulándose de que “por ahora no se han producido cortes”. “Agua hay, pero las infraestructuras no tienen la capacidad para bombear tantísima demanda”, añaden las fuentes oficiales.
Desde este viernes, en cualquier caso, el equipo de Gobierno socialista ha modificado su discurso. Ahora reconocen que los problemas de agua que se han venido agravando en la última década en Castilblanco son consecuencia directa del estado de abandono en el que se encuentra la red municipal, que gestionan desde 2007. No obstante, desde el PSOE local rechazan asumir la responsabilidad relacionada con la falta de mantenimiento, planificación o labores de mejora en la red municipal. El ex alcalde Segundo Benítez anunció en 2010 la construcción “inminente” de una nueva depuradora de agua potable de la que una década después no se tienen noticias, pese a que la Junta ya entonces se comprometía a ejecutarla.
Entretanto, las botellas de agua llegan hasta a los plenos, síntoma de la escasa confianza de las autoridades locales en la calidad del agua de la red municipal que administran. Las obras de mejora de la red de abastecimiento adscritas al canon de infraestructura hidráulica quedaron en suspenso y están pendientes de ejecutar tras las irregularidades en la gestión de este impuesto que el Consistorio recaudó pero no liquidó en tiempo y forma a la Junta de Andalucía, lo que supuso una merma de 37.455 euros para las arcas públicas en concepto de recargos, penalizaciones por demora e intereses.
Sin un plan de acción de obras urgentes
Ante la situación de emergencia, la oposición en el Ayuntamiento, el partido NIVA-IU, solicitó en una misiva en mayo la mediación al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, para la realización de obras de urgencia con las que garantizar el suministro. La institución provincial anunció que saldría a auxiliar al municipio, sin que tres meses después se haya informado de las acciones o intervenciones que se han llevado a cabo para mejorar el abastecimiento y la calidad del agua de la red municipal.
Fuentes de la institución provincial aseguran a este periódico que la Diputación “está colaborando con la alcaldía de Castilblanco desde hace meses para buscar la mejor solución a las dificultades que tiene el municipio sobre el abastecimiento de agua”. “Una solución coordinada, en ningún caso puntual, sino de fondo, con el calado suficiente para conseguir dar el mejor servicio en el suministro a todos los vecinos y vecinas de la zona”, aseguran desde la Diputación.
El regidor socialista, que desconectó de la red municipal el viejo embalse de La Marciega y sus sistemas de depuración, y que no llegó a conectar las nuevas canalizaciones desde el embalse de Cala cuyas obras culminaron en 2007, acusa ahora al Gobierno andaluz de la precaria situación en que se encuentra la infraestructura que abastece a la localidad y le reprueba por desatender los problemas de Castilblanco. Así, Carballar denuncia la “falta de respuesta de la Junta de Andalucía ante la situación de gravedad que Castilblanco viene registrando”, según los medios municipales.
Las fuentes del ayuntamiento reconocen que el problema del agua se arrastra desde hace “muchísimo tiempo” y lo achacan a un “problema de infraestructura”, insistiendo en que han solicitado ayuda “a la Junta de Andalucía y a la Diputación”, sin que hasta ahora hayan obtenido respuesta, aseguran. Además de llamar al “consumo responsable”, comentan que el pasado 16 de junio el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó la declaración de interés autonómico de 17 nuevas infraestructuras hidráulicas para paliar los efectos de la sequía y las deficiencias de infraestructuras en distintas zonas, incluyendo sólo a Burguillos y Herrera, “casualmente gobernados por el PP”, mientras hay otras zonas “en la misma situación”.
Los procesos de saneamiento y depuración de aguas residuales de este Ayuntamiento también han sido objeto de denuncias. Ecologistas en Acción elevó a la Justicia, que mantiene aún diligencias abiertas, una denuncia por un posible delito ambiental. El motivo es la falta de depuración de aguas residuales del municipio y el vertido contaminante al cauce del Arroyo de los Órganos, como consecuencia del mal funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Según ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, la situación venía dándose al menos desde 2008. Ya en 2015, la directiva de la Urbanización La Colina trasladó un elaborado informe al concejal delegado, Fernando López, alertando sobre el estado precario de la estación de bombeo de aguas residuales gestionada por el Consistorio donde “se evidencia un claro ejemplo de falta de mantenimiento”. Daban cuenta asimismo de la rotura de las arquetas y tapas protectoras junto al camino del Toledillo que generaban malos olores y plagas junto a las viviendas cercanas, e inseguridad ante posibles caídas o accidentes de tráfico junto a la vía.
Cuando los problemas suman más de una década pasan a ser estructurales, y la ciudadanía debe exigir una solución que pasaría, según el gerente de la Asociación Española de Operadoras Públicas de Abastecimiento y Saneamiento de Agua (AEOPAS), Luis Babiano, por gestionar inversiones, pedir auxilio administrativo o afrontar una subida de tarifas para hacer frente a las mejoras de la infraestructura. Tanto la Ley de Aguas de Andalucía, como el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas facilita a los municipios pequeños salir de esta situación, detalla Babiano, que estima que en casos como el de Castilblanco una solución posible sería integrarse en sistemas supramunicipales de gestión del agua.
El problema, asegura el gerente de AEOPAS, es que “se destinan inversiones desde el Gobierno andaluz con el canon atendiendo a criterios de naturaleza política, y no adscritos a una planificación con criterios técnicos”. Babiano alude por ejemplo a casos como la inversión de la Junta en Roquetas de Mar, “un municipio rico, solvente, dinámico económicamente”, en detrimento de otros municipios donde técnicamente serían más urgentes las intervenciones.¿?
Respecto a los cortes de suministro en el municipio, Babiano apunta que solo se autorizan como una excepcionalidad de la ley, y en situaciones muy especiales, como la contaminación de la red de abastecimiento por aluminio que este municipio sufrió en febrero de 2011 y, en todo caso, añade, la administración está obligada a garantizar el derecho de acceso al agua a la población, bien ofreciendo agua embotellada en repartos a las zonas afectadas, o a través de camiones cisterna de agua.
Al Defensor del Pueblo Andaluz
En este marco, diferentes asociaciones vecinales y comunidades de propietarios estudian tomar medidas ante un problema, la falta de agua, los cortes y restricciones en el suministro de la red municipal que, aseguran, se eterniza sin una respuesta tan urgente como la gravedad de la situación que está perturbando las actividades diarias de la población y afecta a la higiene personal de los vecinos en plena situación de emergencia sanitaria. La asociación vecinal de la barriada la Sierra ha enviado una nueva petición a Alcaldía para que les informe del “plan de acción” que han previsto para atajarlo. Pero las quejas al Ayuntamiento no han dado resultado en más de una década de restricciones y servicio precario, por lo que piden amparo al Defensor del Pueblo Andaluz y a las autoridades de Consumo, y no descartan llevar los recurrentes cortes a la Justicia.