La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reúne hoy con las comunidades autónomas para tratar de lograr un acuerdo que le permita hacerse cargo del plan Prepara, un programa de prestaciones para parados de larga duración cuya gestión corresponde a cada región.
Los 17 consejeros de empleo de las comunidades autónomas deberán decidir si permiten al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) gestionar durante seis meses y de forma extraordinaria las ayudas de este plan, que caducó el pasado el 15 de agosto, dado que el paro ya ha descendido del 18 %.
La extinción del plan, que prevé ayudas de hasta 450 euros para parados que han agotado las prestaciones por desempleo, coincidió además con una sentencia del Constitucional que estimaba un recurso del País Vasco que considera que la gestión de estas ayudas corresponde a las autonomías.
Por ello, el Gobierno no pudo prorrogarlo sin más, modificando el requisito de la tasa de paro, sino que ha tenido que pedir autorización a las autonomías para ello, mientras estudia alternativas definitivas.
Casi un millón de personas desempleadas se han beneficiado del plan Prepara, que nació en 2011, se ha ido revalidando cada seis meses (hasta en doce ocasiones) y que podría ser prorrogado una última vez antes de fusionarse con otros programas similares.