Chile abandona el club de los países donde el aborto es, en cualquier caso, un delito. El Senado chileno ha aprobado le ley que ampara tres supuestos para interrumpir el embarazo: riesgo para la madre, imposibilidad de que el bebé sobreviva y violación. El proyecto había obtenido el visto bueno del Congreso en marzo que deberá refrendar el texto final.
Chile estaba en un grupo reducido de estados con el aborto ilegal, la mayoría en Latinoamérica: Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras. Con esta medida, se alivia algo la situación en un subcontinente que ha sido reacio a pertmitir que las mujeres decidan sobre sus embarazos. El Gobierno chileno asegura que, a pesar de la prohibción, cada año se practicaban unos 30.000 abortos en su país.
Con todo, este proyecto de ley impuslado por la presidenta Michelle Bachelet abre la posibilidad a que las embarazadas puedan interrumpir su gestación en ocasiones muy tasadas. Para acudir a un aborto legal deberán haber sido violadas o que su vida corra peligro si continúan adelante. También si hay evidencia de que el feto es inviable podrán poner fin a la gestación sin arriesgarse a ser perseguidas.