La defensora del pueblo, Soledad Becerril, y todos los grupos parlamentarios han coincidido en la urgencia de ejecutar la transferencia de competencias de la sanidad penitenciaria a las CCAA, tal y como prevé la ley de 2003.
Durante la comparecencia de Becerril ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a petición de Unidos Podemos, todos los partidos políticos han expresado la necesidad de que se produzca ese traspaso de competencias para que esas prestaciones sanitarias en las prisiones se hagan en igualdad de condiciones.
“La sanidad penitenciaria debe prestarse en condiciones de igualdad y eficacia, la misma que la que reciben los ciudadanos que no están privados de libertad”, ha dicho la defensora del Pueblo.
Ha recordado que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 2003 incluyó la trasferencia a las CCAA de los asuntos relativos a la sanidad penitenciaria y que sólo en Cataluña y en el País Vasco se han traspasado esas competencias.
Becerril ha explicado que desde el año 2013 se han paralizado los contactos y reuniones entre la administración central y las comunidades para completar ese proceso de traspaso.
Entretanto, la institución recomienda en el informe de 2016 que “se suscriban convenios entre las CCAA y la administración central para que esa atención sea la mejor y de igual calidad”.
“No significa que no se esté prestando atención sanitaria, pero al no estar en vigor algunos convenios que se firmaron en años anteriores, puede haber dificultades económicas” y generar “situaciones no deseables”, ha alertado la defensora.
Por ejemplo, esa situación provoca obstáculos en relación con la formación de los profesionales sanitarios, no permite el acceso de la historia clínica en las prisiones y dificulta la extensión de la telemedicina“ que evitaría muchos de los desplazamientos de los internos para consultas menores.
Además, también está provocando indefiniciones respecto al pago de los medicamentos, que según Becerril, deben resolver en muchas ocasiones en los tribunales.
“Es conveniente y procedente que las CCAA y la administración central vuelvan a tomar las negociaciones y los contactos para proceder a esa transferencia que está pendiente desde finales de 2003”, ha insistido la defensora, quien ha opinado que no se debe “mantener la situación actual por más tiempo”.
No obstante, ha destacado que se está prestando un “buen servicio médico”, por “buenos profesionales, acreditados y entregados a su trabajo”.
Desde el grupo Unidos Podemos-En Comú Podem, María Isabel Mora ha lamentado la falta de interés de las administraciones por ejecutar esas trasferencias y ha denunciado que no todos los enfermos de hepatitis C están recibiendo los nuevos fármacos.
Desde Ciudadanos, Rodrigo Gómez ha mostrado su preocupación por “la dejadez” demostrada por las administraciones, que afecta a los funcionarios “que deben hacer su trabajo con esfuerzo e imaginación”.
Juan Luis Soto, del PSOE, también ha denunciado “la falta de voluntad política por parte del Gobierno, que ni siquiera está dialogando”.
La parlamentaria popular Asunción Sánchez ha rechazado las acusaciones de falta de interés y ha recordado que “nadie discute que la sanidad penitenciaria hay que transferirla a todas las CCAA; hay consenso” por lo que ha instado a “dejar de discutir” y a llevar a cabo ese acuerdo que se expresó en una moción aprobada por unanimidad en 2016.