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El uruguayo Eduardo Galeano aparecía en las “listas negras” de la dictadura argentina

EFE

Buenos Aires —

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El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano fue uno de los extranjeros incluidos en las “listas negras” de la última dictadura argentina (1976-1983), difundidas hoy por el Ministerio de Defensa.

Galeano constaba en la relación “fórmula 4”, la de máxima peligrosidad, junto a reconocidos escritores argentinos, como Julio Cortázar, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Bayer y David Viñas.

Además del uruguayo, autor del conocido ensayo “Las venas abiertas de América Latina”, los militares incluyeron a otros extranjeros.

Entre ellos estaban el periodista uruguayo Andrés Alsina Brea, su colega boliviano Luis Soruco Barba y la brasileña Guiomar Schmidt, que aparece registrada como “directora de la revista Combate” en la lista de 1980.

Los servicios de inteligencia del régimen vetaron también a numerosos actores argentinos, como Norma Aleandro, Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Luppi y Marilina Ross, entre muchos otros.

La cantante Mercedes Sosa aparece asimismo en las listas, junto a sus colegas Osvaldo Pugliese, Horacio Guarany y Atahualpa Yupanqui, así como el pintor Antonio Berni.

Los que fueron “marcados” por el régimen dictatorial vieron cerradas todas las puertas del mercado laboral, pese a que en una de las carpetas encontradas se señala que “corresponde aclarar que los medios privados de comunicación social no tienen ninguna limitación (de contratación) al respecto”, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La cartera encabezada por Agustín Rossi difundió tres “listas negras” elaboradas por las Juntas Militares en 1979, 1980 y 1982 que fueron encontradas la semana pasada en el sótano del edificio Cóndor de Buenos Aires, perteneciente a la Fuerza Aérea.

Las listas estaban entre 1.500 carpetas de documentación de la dictadura, entre las que constaban también todas las actas secretas originales de las juntas del régimen, un plan de acción de Gobierno hasta el año 2.000 y documentación sobre los sectores económicos civiles que apoyaron el régimen.

Un grupo de expertos estudia los papeles encontrados, que serán desclasificados en el plazo máximo de seis meses.