El Gobierno de Estados Unidos consideró este jueves “descarada” y “ridícula” la decisión de la Contraloría de Venezuela de inhabilitar para ejercer cargos públicos durante 15 años al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países.
“Eso es descarado, eso es ridículo”, se limitó a decir el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, al ser preguntado sobre el tema en una rueda de prensa.
Esta ha sido la reacción de Washington a la decisión del contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, de inhabilitar a Guaidó debido a que supuestamente el líder opositor “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio, y a su vez recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.
En concreto, la Contraloría de Venezuela afirma que Guaidó hizo desde 2015 más de 90 viajes al extranjero -muchos presuntamente en aviones privados- con un coste superior a los 310 millones de bolívares (94.096,79 dólares a la tasa de cambio oficial) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos.
En respuesta, Guaidó ha tildado de “farsa” esa decisión en su contra y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.
“No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor”, señaló al recordar que Amoroso fue designado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y no por la Asamblea Nacional (AN), que es el órgano previsto para ello.
El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que la única institución legítima de Venezuela es la AN, controlada por la oposición desde enero de 2016 y que el chavismo ha tratado de sustituir con la oficialista ANC.
Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como presidente interino de Venezuela a Guaidó, quien como jefe del Parlamento invocó el 23 de enero unos artículos de la Constitución para reclamar la Presidencia, porque, a su juicio, Maduro la está “usurpando”.
Maduro, en el poder desde 2013, volvió a tomar posesión del puesto el 10 de enero tras ganar unas elecciones celebradas en mayo y cuestionadas por parte de la comunidad internacional.