El Gobierno ordena retirar el monumento a Franco de Tenerife y otros tres vestigios franquistas de Madrid, Murcia y Almería
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha ordenado la retirada del espacio público de cuatro nuevos vestigios franquistas, entre ellos el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, inaugurado en 1964 para homenajear al dictador y el triunfo de los sublevados en la Guerra Civil. El símbolo acaba de entrar en el catálogo de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, junto al Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda (Madrid) y las inscripciones sobre José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, que permanecen en las fachadas de las catedrales de Murcia y Almería.
Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres, el Gobierno ya ha notificado a las cuatro administraciones u organizaciones titulares los expedientes y, con ellos, la obligación de remover los vestigios en un plazo máximo. En el caso de los conjuntos monumentales, pueden ser trasladados a otro lugar sin exposición pública. De no hacerlo, el Gobierno puede actuar “subsidiariamente” y proceder a su retirada. “Es el paso definitivo”, ha afirmado el titular de la cartera.
El Ministerio toma esta decisión a propuesta de la Comisión Técnica que regula y evalua qué símbolos son susceptibles de incluirse en el catálogo y que está formada por 15 expertos, entre ellos varios historiadores y arquitectos. En los cuatro casos analizados, la comisión ha concluido que “no concurren razones artísticas, arquitectónicas o patrimoniales” para proceder a la resignificación de los monumentos —una posibilidad que contempla la ley— y, por eso, se ha decidido que deben ser removidos.
El monumento a Franco de Tenerife
En el caso del conjunto monumental de Tenerife, la comisión ha concluido que “presenta la guerra de España como una cruzada salvadora y exalta la figura de Francisco Franco y el régimen surgido del golpe de estado de 1936”, ha explicado Torres, que ha apuntado a que se trata de uno de los que tiene “mayores dimensiones” de los que todavía perviven en nuestras calles. El memorial conmemora la partida del dictador en el Dragon Rapide para iniciar el golpe de estado en julio de 1936.
El Ministro ha explicado que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha decidido “recientemente” que el monumento no presenta “razones objetivas” para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC), una resolución que debe llevarse a la Comisión de Patrimonio para que sea adoptada, pero que es “vinculante y preceptiva”. Por eso el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, gobernado por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, tendrá seis meses a contar desde que la Comisión tome la decisión definitiva para retirar el conjunto monumental o bien caduque el expediente, algo que ocurre en octubre.
La decisión no da la posibilidad de la resignificación porque “no es una cuestión subjetiva” sino que está condicionada a que el monumento tenga “valores arquitectónicos y artísticos”, algo que “en este caso, el propio Consejo ha rechazado”. “No cabe la resignificación”, ha apuntado Torres. Precisamente hace unos días el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechazó, con los votos en contra de CC, PP y Vox, la retirada inmediata del monumento.
El memorial a los Caídos Rumanos
El expediente abierto a cuenta del Monumento a los Rumanos Caídos de Majadahonda, en Madrid, se dirige contra la asociación privada que tiene su titularidad. El memorial fue construido en 1970 para homenajear a Ion Mota y Vasile Marin, dos dirigentes de la Guardia de Hierro rumana que fallecieron en 1937 cuando combatían junto a las tropas franquistas. La Guardia de Hierro, ha explicado el ministro, era “antisemita y de ideología fascista”, colaboró con Adolf Hitler y fue responsable de la persecución de minorías y opositores políticos en Rumanía.
La Comisión ha concluido que se trata de un elemento que “exalta el fascismo europeo”, cuya permanencia en el espacio público “es incompatible con la ley porque supone un reconocimiento de organizaciones y dirigentes vinculados a ideologías democráticas”. La asociación tendrá tres meses para retirarlo. El monumento ha sido durante décadas un enclave y lugar de concentración de grupos de extrema derecha.
Primo de Rivera, presente
Los dos últimos símbolos incorporados al catálogo y que deberán ser removidos son las inscripciones en referencia a Primo de Rivera de las catedrales de Murcia y Almería. La primera de ellas reza “José Antonio Primo de Rivera ¡Presente!” y la segunda nombra al fundador de Falange junto al escudo del yugo y las flechas. Según ha explicado el ministo, la Comisión ha decidido que se trata de un “reconocimiento público a uno de los referentes ideológicos del totalitarismo” y ha concluido que las inscripciones deben ser eliminadas en tres meses como máximo. En este caso, le corresponde al Obispado de ambos territorios.
Los otros símbolos del catálogo
El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula el catálogo y calculó que todavía hay unos 4.000 vestigios que enaltecen el franquismo o la Guerra Civil en España que deben retirarse del espacio público o resignificarse si tienen valor. Entre ellos, hay cientos de las placas típicas del Instituto Nacional de Vivienda con el yugo y las flechas que se ven en muchas fachadas.
Desde entonces, el Ministerio ha anunciado la inclusión de algunos en el listado, entre ellos el monumento a las víctimas del Crucero Baleares de Palma de Mallorca, construido por la dictadura para homenajear a “los caídos” que fueron víctimas del hundimiento del barco en 1938. El hecho se produjo como consecuencia del ataque de la flota republicana durante la Batalla del Cabo de Palos (Murcia), el mayor combate naval de la contienda.
También la Comisión Técnica encargada de las evaluaciones, ha decidido en los últimos meses sumar al catálogo la Cruz de los Caídos de la Plaza de Américas en Cáceres, una de las primeras en ser construidas, y el panteón de Vjekoslav Luburić, ubicado en el cementerio municipal de Carcaixent (Valencia). Allí están los restos del apodado como “el carnicero”, un militar croata integrante de Ustaša, el movimiento fascista que colaboró con los nazis durante la ocupación de los balcanes. El escudo fascista que luce el panteón ya ha sido retirado y deben ser instalados elementos “interpretativos” ara explicar quién fue.
La creación del catálogo es un mandato contenido en la Ley de Memoria Democrática, que considera “contrarios a la memoria democrática” edificios, construcciones, escudos, insignias, placas u otro elemento conmemorativo de la sublevación militar y la dictadura, “de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que la sustentaron”, así como unidades civiles y militares que colaboraron con el Eje Alemania-Italia-Japón en la II Guerra Mundial.