El Gobierno transferirá 970 millones de euros más para dependencia a las comunidades
El Ministerio de Derechos Sociales inicia este lunes el procedimiento para que el Consejo de Ministros apruebe una partida de más de 904 millones de euros, a repartir entre las comunidades autónomas, para financiar el nivel acordado de la dependencia. La cifra, que alcanza los 970 millones de euros incluyendo los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra, supone un récord histórico de financiación e implica que el Estado abonará más de 7.000 millones de euros al año en dependencia a partir de 2027.
Este presupuesto pretende complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia conforme al cumplimiento de objetivos establecidos, entre el Gobierno y las comunidades autónomas, como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector. La partida presupuestaria del nivel acordado fue eliminada en 2012 y no se recuperó hasta 2021, cuando se dota con 307 millones de euros, que han crecido hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales.
El aumento se enmarca en el crecimiento exponencial del nivel mínimo, que hace dos semanas duplicó las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido. La ampliación económica supone que, entre el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027. Una inversión que además de ser récord, es estructural y queda blindada para los siguientes años. Los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán un 98,7% sus fondos para la dependencia y, en total, el Estado abonará 7.239 millones de euros a las comunidades autónomas en 2027.
En las transferencias del nivel mínimo, el Estado central no tiene capacidad para influir en el destino final de esos fondos, más allá de que los gobiernos autonómicos deban emplearlos en dependencia. Sin embargo, son estos, en cumplimiento de sus competencias, quienes deciden en qué los emplean. En el caso del nivel acordado, estos sí están ligados a objetivos concretos, pactados entre los ejecutivos autonómicos y el central. El Ministerio de Derechos Sociales llevará su propuesta este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el paso previo al Consejo de Ministros.
La ampliación económica ha supuesto también la refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que tiene como objetivo reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos. Así, la norma incluye nuevos servicios para la ciudadanía como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, productos de apoyo que mejoren la autonomía, servicios de teleasistencia personal para quienes lo deseen y extensión del servicio de ayuda a domicilio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 23 de junio un real decreto de financiación a la dependencia, que implica que las comunidades autónomas recibirán 2.000 millones de euros más en 2026 y 4.000 más en 2027. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, indicaba Sánchez en una comparecencia previa a la aprobación de la medida. El presidente calificó el aumento como la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, afirmación que ratificó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”.