La nueva hoja de ruta de Telemadrid refuerza el control de Ayuso sobre la televisión pública

“Cuesta casi dos Zendales por legislatura”. Así justificó en 2021 Isabel Díaz Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid que le permitió tumbar a la dirección de entonces. Al año siguiente, en 2022, el PP de Ayuso llevó a cabo una nueva reforma definitiva para hacerse con el control total de la televisión autonómica. Ahora, tras cuatro de años de aplicación de la norma, la mayoría absoluta del partido vuelve a pasar su rodillo en la Asamblea de Madrid para aprobar la nueva Carta Básica de la radio y televisión públicas madrileñas, que suprime órganos de control y transparencia y que tendrá una vigencia de ocho años. El movimiento se produce justo en el mismo mes que la Justicia ha reprochado a Ayuso la forma en que se aprobó la ley de 2022: por lectura única y sin posibilidad de enmiendas.

El nuevo documento elimina tres órganos de participación profesional, ciudadana y de transparencia: el Consejo de Redacción, de la Oficina de Participación del Espectador y el Consejo Asesor. El anterior texto, que todavía se puede consultar en la web de Telemadrid, fue aprobado en 2017 con el visto bueno de los partidos de la Asamblea regional y bajo el mandato de Cristina Cifuentes. En esa época fue nombrado como director general José Pablo López, que ahora preside RTVE tras su destitución. En ese texto se dedicaba un capítulo a los órganos de participación, asesoramiento y control dentro del grupo.

La Oficina de Participación del Espectador es el órgano que vela por el derecho de la sociedad madrileña a participar de ella e impulsa la transparencia y el autocontrol mientras que el Consejo de Redacción vela por la independencia, veracidad y calidad de contenidos y está formado por trabajadores de la televisión pública; el Consejo Asesor, el otro órgano suprimido, se encarga de asesorar al Consejo de Administración y emite un informe sobre los principios de programación, la programación en procesos electorales o el pluralismo democrático, entre otros valores.

Ahora, según se establece en el texto recientemente aprobado por la Asamblea de Vallecas, esos tres órganos desaparecen y sus funciones recaerán sobre el Consejo de Administración y el Director General.

Sindicatos como UGT critican los cambios. En declaraciones a elDiario.es, el sindicato denuncia que cuestiones como la independencia se demuestran “con herramientas y con contrapesos”. Por lo que, al eliminar estos órganos, lo que se hace es “quitarle a la ciudadanía y a los propios profesionales la capacidad de vigilar la gestión diaria”. También los partidos de la oposición han afeado el nuevo documento, incluido Vox, que criticó en la Asamblea de Vallecas que ahora Ayuso “se asegura el control absoluto de Telemadrid”.

Profesionales de la información

La nueva Carta Básica integra también otros cambios. En el texto anterior, se establecía de forma explícita que los servicios informativos “sean conformados por profesionales de la información”, mientras que ahora se establece un ligero cambio: “Los servicios informativos serán conformados preferentemente por profesionales de la información”.

Se trata de una leve modificación, pero para UGT esto supone “quedarse a la intemperie”. “El profesional se queda solo frente a la dirección de turno”, critican, además de asegurar que ahora se “abre la puerta de par en par para que se contrate a cualquier persona sin la titulación ni el código deontológico de la profesión”.

Inclusión de la tauromaquia

La tauromaquia entra, las referencias al colectivo LGTBIQ+ se quedan fuera. En el documento de 2019 no había ninguna referencia a la tauromaquia, pero ahora la apuesta de la cadena pública, que duplicó en 2025 su presupuesto para emitir toros, queda reflejada de forma explícita: “Apoyará y promocionará las creaciones y expresiones artísticas y culturales como la música, la danza, el teatro, la literatura, la arquitectura, el cine, la tauromaquia y la ciencia, entre otros”, recogen en cuanto a las funciones de servicio público.

Por contrapartida, se quedan fuera referencias explícitas a ciertos colectivos. Esto es lo que se podía leer en la Carta Básica de 2019: “Huirá de todo tipo de tópicos y estereotipos que promuevan el sexismo, la LGTBifobia, la xenofobia o el racismo. Evitará cualquier tratamiento despectivo referido a cada uno de los colectivos y grupos, mayoritarios o minoritarios, que conforman la sociedad madrileña, al conjunto de la misma, o a otras comunidades y países, y llevando a cabo acciones sistemáticas en favor de la igualdad”.

Además, en otro apartado se puede leer que el “compromiso con la igualdad se extenderá a cualquier colectivo susceptible de exclusión”: “LGTBi, tercera edad, personas con discapacidad, oblación gitana, inmigrantes, refugiados, excluidos sociales, etc.”, además de hacer referencias explícitas a la “violencia de género”, que ahora se sustituye por “violencia contra la mujer”.

Ya no hay menciones explícitas al colectivo LGTBIQ+ y el párrafo queda reducido a lo siguiente: “En la programación no se incluirá, en ningún caso, contenidos que atenten contra los valores cívicos, que inciten a la violencia, especialmente la violencia contra la mujer y al suicidio, o que normalicen actitudes nocivas como el sexismo, la xenofobia, el racismo o la homofobia, entre otras”.

En este sentido, las críticas vienen por parte de UGT pero también de la oposición. Desde el sindicato consideran que “un medio público tiene que parecerse a la sociedad que lo financia, no a las obsesiones ideológicas de quien gobierna”.

“Así es como se borran las minorías”, opinó el PSOE de Madrid durante el debate de la Carta Básica en la Asamblea regional. “La desinformación es el peor enemigo de las democracias y ustedes son cómplices”, aseguró el diputado Horacio Díez. A pesar de las críticas y las enmiendas presentadas por toda la oposición de Más Madrid, PSOE y Vox, el PP de Ayuso aplicó su mayoría absoluta el pasado mes de junio y acabó dando el visto bueno al nuevo texto.

El reproche de la justicia

La aprobación de la nueva Carta Básica de Radio Televisión se ha producido el mismo mes en que el Tribunal Constitucional ha reprochado al PP de Ayuso la aprobación de la ley de Telemadrid de 2022. La reforma de la ley de 2015 se aprobó por la vía de urgencia en la Asamblea sin debate ni enmiendas y ahora el Constitucional ha estimado el recurso de amparo interpuesto por el PSOE al considerar que el procedimiento vulnera el derecho fundamental de las diputadas y diputadas.

Ya en marzo, el Constitucional censuró el procedimiento, y ahora se vuelve a pronunciar en este sentido. En junio de 2022, el entonces secretario general del PSOE-M y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, adelantó que su grupo había registrado un recurso a la reforma por considerar que su tramitación se llevó a cabo de “forma absolutamente opaca”. “Pretenden controlar de forma absolutista Telemadrid y ponerla al servicio de la presidenta”, dijo entonces Lobato. Sin embargo, ninguna de las dos decisiones judiciales supone cambio alguno para la reforma de Telemadrid.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la secretaria de organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, critica que “el PP y Ayuso han hecho de Telemadrid su cortijo particular”: “La degradación a la que han llevado a la televisión pública ha sido dos veces señalada por el Constitucional. Los socialistas volveremos a llevar todo aquello que va contra la independencia de las televisiones públicas”, en este caso, al Tribunal Constitucional.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró que no había “nada nuevo” con la sentencia y que seguía la misma línea que la anterior de marzo. “Es una cuestión ajena al Gobierno y es ajena a la tramitación de esa ley porque se tramitó con el reglamento que en ese momento estaba en vigor”, aseguró.

“El gran cambio de estos años ha sido la fórmula para elegir al Director General. Al permitir que salga adelante por mayoría absoluta en segunda vuelta, el partido en el Gobierno ya no necesita sentarse a negociar con nadie. No hay consenso; hay imposición”, lamentan desde UGT, que no descartan recuperar los “viernes negros” a la vuelta del verano si “la dirección no rectifica el rumbo”.