Expertos del ámbito de la justicia, la psicología y los derechos de la infancia han solicitado este viernes que deje de utilizarse el denominado “síndrome de alienación parental” para determinar la custodia de menores, un proceso en el que los niños deben ser los protagonistas.
Es una de las principales conclusiones de la “Jornada de análisis multidisciplinar del llamado síndrome de alienación parental”, organizada por la Asociación de Mujeres Juezas de España en colaboración con el Instituto de la Mujer y celebrada en Madrid.
En ella, se ha puesto de manifiesto que ninguna sociedad ni asociación científica reconoce la existencia del “síndrome de alienación parental” (SAP), si bien aún se utiliza principalmente para retirar la custodia a mujeres por considerar que manipulan a los niños contra el padre, situación que los expertos piden que se revierta con formación específica de actores judiciales y forenses.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha aseverado que “hace muchísima falta avanzar” y ha mostrado su deseo de que “ojalá que dentro de poco para los juristas SAP signifique sólo sentencia de audiencia provincial”.
VIOLENCIA VICARIA INSTITUCIONAL
En su primer acto como delegada del Gobierno, Rosell ha sostenido que este trabajo ha de alinearse con la lucha contra todas las violencias machistas, incluida la penal, la institucional y la vicaria, que “golpea” a las mujeres donde más duele, utilizando a sus hijos.
“La violencia vicaria también puede ser institucional”, ha aclarado Rosell, que se ha mostrado convencida de que en el futuro “la justicia será feminista o no será”.
Desde el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Ángela Cerrillos, ha criticado que el denominado SAP sigue presente en resoluciones judiciales, en informes de equipos forenses psicosociales y también se recurre a él en los puntos de encuentro familiar a pesar de que no está reconocido por la comunidad científica internacional.
Y de que el Consejo General del Poder Judicial ya se pronunció en 2013 en contra de utilizarlo en procesos de custodia.
La fiscal de Las Palmas Inés Herreros ha exigido que deje de hablarse de síndrome porque no lo es, sino una teoría que nació para “silenciar y ocultar” a los menores en un contexto de ruptura conflictiva y para castigar a sus madres.
También la psicóloga y forense Sonia Váccaro ha explicado que el SAP carece de fundamento científico y es una ideología misógina y patriarcal que pretende invisibilizar la voz de los niños, a veces los únicos testigos de situaciones de maltrato, “una línea argumental para castigar a las mujeres”.
MÁS FORMACIÓN
La doctora en Psicología de la Universidad de Murcia, Concepción López Soler, ha reconocido que a veces se hace “un diagnóstico erróneo” de los menores por falta de formación y ha reflexionado que el mal llamado SAP surge en un momento en el que la sociedad está cambiando de paradigma en los roles de género.
Las expertas han coincidido en destacar que son las pruebas psicológicas las que deben determinar que existen situaciones de riesgo de los menores.
La jueza Gloria Poyatos, perteneciente a la International Association of Women Judges, ha subrayado que se debe analizar con rigor y desde la perspectiva de género las actuaciones que se están justificando con el SAP, que se utiliza sobre todo contra las mujeres.
Además, ha solicitado que la justicia supere su perspectiva adultocéntrica y tenga en cuenta que los niños no sólo son sujetos de protección reforzada, sino también sujetos de derechos.
LA VOZ DE LOS NIÑOS
Desde Save the Children, la experta Carmela del Moral ha denunciado que las decisiones judiciales han de estar regidas por el interés superior del menor, “pero no se está aplicando” porque las instituciones no están adaptadas para escuchar a los niños.
“Debemos acabar con los mitos de que los niños pueden ser manipulados y no pueden expresarse por sí mismos. (...) Tenemos que permitir a los niños y las niñas ejercer sus derechos, también en los procedimientos judiciales”, ha dicho.
Y el vocal de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, el magistrado Gerardo Martínez Tristán, ha añadido que la lucha contra la violencia sobre la mujer y el interior superior del menor son “factores claves de nuestra sociedad” y el “frontispicio de actuación de todos los poderes públicos, incluido el judicial”.
Aunque ha precisado que el Poder Judicial no puede dar instrucciones a los jueces sobre cómo deben interpretar las normas, lo que sí puede hacer es “formarlos” y así “orientar su sensibilidad”.
La semana pasada, el Consejo General del Trabajo Social publicó un decálogo en el que sostenía que el síndrome de alienación parental es un “constructo acientífico y sesgado” y recordaba que no está reconocido por ningún organismo científico.
El Consejo del Trabajo Social alertaba de que se está registrando en España un “fenómeno creciente” de cambio de custodia de menores al amparo de este falso síndrome y de que hay una fuerte prevalencia de aplicación en casos de violencia de género, maltrato y abusos a menores.
Tras llamar la atención sobre su “aplicación indiscriminada”, pedía que se prohíba su uso y aplicación en los informes de valoración de menores.
Por Violeta Molina Gallardo