El sistema español de salud pública, poco desarrollado para un Estado descentralizado donde la competencia sanitaria es autonómica, constituyó apenas “una defensa de papel” ante la pandemia de la COVID-19 y mostró las carencias de una sanidad considerada “de forma autocomplaciente” una de las mejores del mundo.
Así lo afirma el médico y ex coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que acaba de publicar, junto a los también facultativos Gema González y Miguel Souto, el ensayo “Salud: ¿derecho o negocio? Una defensa de la sanidad pública” (Trea), cuyas conclusiones, asegura, fueron ratificadas por la incidencia de la pandemia.
El sistema sanitario español, afirma en una entrevista con Efe, es “un buen sistema” que sigue amenazado, pese al aprecio social que ha logrado durante la crisis, por “la guerra soterrada” sobre su intento de privatización, lo que hace necesario hacer una defensa de su carácter público “no numantina” y admitiendo que exige “cambios urgentes”.
A nivel internacional, apunta, la actuación de la OMS ha evidenciado que no hay una gobernanza global “para problemas globales” y se limita a ser “agua bendita” que da recomendaciones desde la autoridad científica, pero sin competencias ni recursos “y se acaba convirtiendo en objeto de ataques como los que sufre en España el doctor (Fernando) Simón”.
En el ámbito nacional, apunta Llamazares, la Ley de Salud Pública no se aprobó hasta 2011, más de treinta años después que la de Sanidad, y una década después apenas se han desarrollado sus previsiones como una Agencia Estatal con medios y competencias suficientes para afrontar la lucha contra una pandemia como la de la COVID-19.
“Con la excusa de la crisis no se desarrollaron los organismos previstos salvo la comisión de alertas, y menos mal”, señala tras defender la puesta en marcha de otros organismos que permitan evaluar la atención residencial a los ancianos y disponer de sistemas de producción industrial de material sanitario y farmacológico.
Ahora, añade, se echa “el muerto” sobre una Atención Primaria que aún no se ha recuperado de los recortes que provocó la crisis de 2008 y rechaza que la solución sea generalizar las consultas telefónicas, algo necesario en el momento álgido de la pandemia pero que no puede sustituir a la relación personal o terapéutica entre médico y paciente.
“La distopía nos lleva a unas cabinas, que ya hay en China, en las que el paciente entra y le hacen pruebas como tomarles la temperatura o un electrocardiograma. Eso no tiene nada que ver con la medicina, tendrá que ver con el negocio, pero no con la medicina”, afirma.
Ante la actual pandemia, “todo se focaliza en la gestión” y en cuándo se adoptaron medidas de confinamiento, “muy similares en todas partes”, y se utiliza para generar “ruido y furia” para “desgastar” a los gobiernos central y autonómicos por su actuación.
De esta forma, señala, se elude mirar a un modelo de globalización “que es una parte de la pandemia” y que ha constatado las debilidades del sistema, se ha expandido gracias a los sistemas de movilidad, el turismo masivo y las concentraciones urbanas y ha afectado sobre todo a los barrios más populosos, “con peor salud y más uso del transporte público”.
“Fallamos porque no nos creímos la gravedad de la pandemia y no tenemos mecanismos de alerta y, si los tenemos, los menospreciamos creyendo que ya nos defiende nuestro gran sistema económico y sanitario”, asegura Llamazares, que lamenta la frustración que genera una gestión pública de la salud “tradicional, administrativa, funcionarial, muy rígida y que no funciona”.