La ONG Fortify Rights denunció hoy las amenazas recibidas por testigos de un juicio por tráfico de personas en el que hay unos 90 acusados, incluidos altos funcionarios y militares, en Tailandia.
Algunos testigos han tenido que ocultarse ante las amenazas en torno al proceso de los presuntos responsables de varios campos ilegales de inmigrantes con tumbas descubiertos el pasado mayo en el sur del país, indicó la ONG en un comunicado.
La mayoría de los inmigrantes eran musulmanes rohinyá, una minoría étnica perseguida en Birmania (Myanmar), así como bangladesíes.
“Los testigos son claves para que se haga justicia en este caso. Su seguridad debería ser de máxima importancia para las autoridades tailandesas. Personas poderosas tratan de amedrentar a los testigos”, indicó Amy Smith, directora ejecutiva de Fortify Rights.
Según la ONG, personas cercanas al juicio han confirmado que sólo 12 de los cerca de 500 testigos llamados a declarar cuentan con protección del Ministerio de Justicia.
El juicio comenzó el pasado 10 de noviembre en el tribunal penal de Bangkok.
Los testigos, muchos de ellos víctimas rohinyás y bangladesíes, podrían declarar contra miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Comandancia de Operaciones de Seguridad Interna, organismo dependiente de la Oficina del Primer Ministro, supuestamente implicados en el tráfico de inmigrantes.
El pasado mayo, las autoridades tailandesas descubrieron decenas de cadáveres de inmigrantes enterrados en campos ilegales en la frontera con Malasia, lo que desencadenó una operación policial contra las mafias de los traficantes humanos.
Algunos fallecieron por torturas, aunque la mayoría murió debido a las condiciones insalubres.
Tailandia era utilizada como país de tránsito de los traficantes de personas entre Birmania y Bangladesh y los destinos, en Indonesia y Malasia.
Las operaciones policiales interrumpieron el tráfico de barcos con inmigrantes en el golfo de Bengala y en el mar de Andamán, lo que creó una crisis migratoria en la región.
Cientos de inmigrantes y refugiados quedaron a la deriva en los navíos que fueron rechazados varias veces por Tailandia y que finalmente pudieron desembarcar, mayormente, en Indonesia y Malasia.
El pasado diciembre, uno de los agentes encargados de las investigaciones sobre los campamentos ilegales en Tailandia, Praween Pongsirin, se exilió a Australia, tras denunciar amenazas.