La polémica reforma de las jubilaciones promovida por el Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue aprobada este martes en una comisión legislativa, que la remitió para una última votación en el pleno del Senado.
Según fuentes parlamentarias, esa última votación pudiera ser realizada este mismo martes, pues existe, en principio, un acuerdo en ese sentido al que se han plegado todos los partidos de la base oficialista, que tienen una clara mayoría en la Cámara Alta.
La reforma, presentada como enmienda constitucional, ha pasado por dos votaciones en la Cámara de Diputados, en tanto que el pleno del Senado ya le ha dado una primera sanción y ahora sólo falta una segunda y última para su aprobación definitiva.
El engorroso trámite parlamentario imponía que el texto pasara por una nueva revisión en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que lo aprobó este martes y lo remitió al pleno de ese órgano legislativo, en el que hace un mes fue respaldado por 56 de los 81 senadores.
Por tratarse de una enmienda constitucional, el texto requería del apoyo de una mayoría calificada de tres quintas partes (49 de los 81 senadores), pero al menos en esa primera votación superó con holgura el listón mínimo, lo que se prevé que ocurrirá también en la segunda y definitiva.
La reforma es hasta ahora la única propuesta concreta en materia económica que ha presentado el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que asumió el poder el pasado 1 de enero en un clima de parálisis de la economía que aún no ha sido superado.
El polémico proyecto, resistido por sindicatos y la minoritaria representación parlamentaria de izquierdas, plantea una meta de ahorro de unos 870.000 millones de reales (cerca de 217.500 millones de dólares) en diez años, lo que según el Gobierno permitiría acabar con un déficit fiscal crónico del país.
Asimismo, el Ministerio de Economía afirma que, con esa reforma, se liberarán recursos para la inversión pública en diversas áreas que presentan enormes deficiencias, como la educación y la salud.
Para alcanzar esos fines, el proyecto de reforma establece una edad mínima para el acceso a la jubilación, que hasta ahora no era requisito en Brasil, y que sería de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres.
También impone un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres que aspiren a la jubilación.
La reforma es la gran apuesta del Gobierno para intentar recomponer una economía cuyo Producto Interno Bruto (PIB) perdió siete puntos porcentuales entre 2015 y 2016, se expandió un insuficiente 1 % anual en 2017 y en 2018 y que este año crecerá en torno a un 0,8 %, según las últimas proyecciones.