El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha subrayado hoy que, “más allá” del curso 2016-2017, se “suspenderán” los efectos académicos de las evaluaciones finales hasta alcanzar un pacto educativo, pero será obligatorio superar la de Bachillerato para ir a la Universidad, ha precisado.
A preguntas de la prensa, Méndez de Vigo ha comentado en los pasillos del Congreso el anuncio del candidato del PP a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en ese sentido en una de las réplicas al portavoz del grupo socialista, Antonio Hernando, en el debate de investidura.
Esas nuevas pruebas son obligatorias desde este mismo curso (2016-2017) para todos los alumnos que terminen ESO y Bachillerato, pero la propia Lomce dice que no tendrán efectos para obtener los títulos de esas etapas en esta primera ocasión, sino a partir del 2017-2018.
Esto significa que habría que reformar la ley educativa para que tales evaluaciones finales tampoco tengan repercusiones académicas después del curso actual.
Sí que contará ya la evaluación de Bachillerato para los alumnos que deseen entrar en la Universidad, pues sustituye a la anterior Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como Selectividad, que ha desaparecido.
En este caso, la nota de acceso universitario será la media ponderada entre la calificación de los propios estudios de Bachillerato y la de la prueba final.
Sobre este examen, Méndez de Vigo ha dicho que ha sido “negociado y acordado” con la Conferencia de Rectores para que sea “muy parecido” a la anterior PAU. El Ministerio sacará “próximamente” una orden de características y organización de la prueba.
“Creo que las evaluaciones son necesarias porque el sistema que no se evalúa, se devalúa, y hay que hacerlo y debatirlo con la comunidad educativa cómo y cuándo hacerlo”, ha defendido.
Ha insistido en la voluntad del gobierno del PP de llegar a ese pacto nacional por la educación, que también desean los partidos, y que “demanda la gente” y la revolución tecnológica y digital.
Se trata de “dar seguridad, certidumbre durante diez o quince años a familias y a docentes para mejorar la calidad del sistema educativo”, ha enfatizado.