La disputa sobre los bienes que atesora el Pazo de Meirás, la propiedad enclavada en Sada (A Coruña) que tras 85 años en manos de Francisco Franco y su familia revertió, por sentencia judicial, al Estado en diciembre de 2020, tendrá un nuevo episodio el próximo 22 de octubre. Es la fecha marcada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña para que comparezcan ante ella los representantes de los nietos del dictador y todas las administraciones públicas personadas en el caso (Estado, Xunta de Galicia, Diputación de A Coruña, ayuntamientos de Sada y A Coruña) con el fin de determinar “qué bienes deben tener la consideración de inmuebles» y, en consecuencia, no pueden ser retirados del singular castillo de tres torres.
En esa comparecencia, según la resolución emitida este viernes por la magistrada Milagritos Belso Sempere, también se analizan las “cuestiones incidentales” promovidas por el Estado y el Ayuntamiento de Sada, que defienden que se conserven junto con la propiedad la totalidad de los 800 bienes inventariados, bajo custodia judicial, antes de que el edificio fuese entregado a Patrimonio Nacional.