La ley de vivienda es uno de los platos fuertes legislativos previstos para la primera mitad de 2021. La materia es clave tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. Así consta en el acuerdo del Gobierno de coalición firmado a finales de 2019, donde se recoge que será uno de los puntales en la estrategia para “reducir la desigualdad y mejorar la cohesión social en todo el territorio nacional”. Pero las diferencias que se vislumbraron en 2020 en los distintos decretos del llamado “escudo social” a cuenta de las medidas relativas a la vivienda se han confirmado en las últimas semanas. La distancia entre los dos socios del Ejecutivo es enorme, lo que no quiere decir que sea insalvable. Pero el reto autoimpuesto por ambos de tenerla lista este mes de febrero y en el Congreso en marzo parece lejos de conseguirse.
La negociación presupuestaria en el seno del Gobierno tuvo dos derivadas. Unidas Podemos planteó como requisito acometer algunas reformas en el ingreso mínimo vital y que la futura ley de vivienda recogiera una regulación del mercado del alquiler. Lo primero está en marcha, con una primera batería de medidas aprobadas este mismo martes en el Consejo de Ministros. Lo segundo, hoy por hoy, no llega.
Escribe Aitor Riveiro.