El Vaticano aseguró hoy que no había razones objetivas para impedir el nombramiento de Juan Barros como obispo de la localidad chilena de Orsono, tras la polémica por ser considerado cercano o incluso encubridor del sacerdote Fernando Karadima, culpable de abusos sexuales.
El subdirector de la oficina de prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, explicó en una breve nota que la Congregación de los Obispos “estudió cuidadosamente la candidatura del prelado” Barros y “no encontró razones objetivas que obstaculizasen su nombramiento”.
Desde su nombramiento, ha habido protestas de varias instituciones, incluso eclesiales.
El pasado 21 de marzo, Barros asumió su cargo en una ceremonia que estuvo caracterizada por las protestas de cientos de personas que se agolparon frente a la catedral San Mateo de Osorno y de otros muchos que lograron entrar en el templo, en donde le gritaron “pedófilo” y “fuera”.
Al término de la ceremonia, Barros se vio obligado a salir por una puerta lateral de la iglesia, custodiado por guardias privados y otros que le acompañaron durante la misa para evitar a sus detractores, que le esperaban afuera portando cientos de globos negros.
El nombramiento de Juan Barros por parte del papa Francisco generó desde un principio una oleada de rechazo y la prueba de ello fue la ausencia en la ceremonia de la jerarquía católica, políticos, y de casi todas las autoridades locales de esa región sureña.
El único que asistió fue el nuncio apostólico en Chile, Ivo Scapolo, quien, según fuentes eclesiásticas, desempeñó un papel fundamental en la decisión del papa.
Scapolo recibió el pasado 19 de febrero una carta que sacerdotes y diáconos de Osorno le enviaron al pontífice, en la que solicitaban la renuncia de Barros como obispo de la diócesis de esa ciudad argumentando también que encubrió abusos sexuales.
Barros es uno de los cuatro integrantes del episcopado que fueron formados por Fernando Karadima, un sacerdote que fue hallado culpable en 2011 por el Vaticano de cometer abusos sexuales y fue condenado a una vida de oración y penitencia y a la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto del ministerio.