Representantes de la asociación Ve-la luz, de defensa de mujeres y niños víctimas de violencia de género o abusos, se ha concentrado hoy delante del Parlamento de Galicia para reclamar para ellas la mismas ayudas ofrecidas a las que han sufrido terrorismo.
Según un comunicado emitido por la organización, reclaman “20 medidas” que “se adaptan a la realidad de cualquier mujer y que frenaría de modo inmediato” el número de mujeres y niños asesinados.
Representantes de Ve-la luz afirmaron que no se puede apoyar “un sistema patriarcal que invita al abandono y trata de vidas” y que “archiva nueve de cada diez demandas por falta de medios, personal y formación”.
Entre las medidas que reclaman figura “el cese de la obligación que se le impone a los menores de relacionarse con el maltratador” y la “pérdida de la patria potestad para los maltratadores, sin derecho a visitas”, así como la asunción por parte del Estado de pensiones alimenticias de los menores“ para, según han explicado, ”evitar el maltrato económico“.
A la concentración ante la sede parlamentaria autonómica ha acudido Martina Gómez, hermana de Ana Gómez, que ahora se hace cargo de los hijos de ésta, asesinada en febrero pasado en el municipio lucense de Becerreá a manos de su marido en febrero pasado.
Martina Gómez ha señalado que lo grave no son las heridas físicas causadas, sino las “lesiones perpetuas que los acompañarán de por vida” y denunció que no obtuvo ningún tipo de ayuda psicológica para explicar a los hijos de su hermana que “había muerto”.
Por ello ha exigido que el juez que lleva el caso que “siente en el banquillo a los responsables” a los que se ha referido como “supuestos profesionales que a día de hoy continúan trabajando” y que, en su opinión, no se implicaron lo suficiente cuando su hermana solicitó ayuda.
También ha solicitado a la Xunta que “recapacite y que el próximo 12 de julio en la comisión de investigación parlamentaria que impulsaron 10 mujeres en huelga de hambre” se reconozca a los menores y a las madres cuyos hijos han sido asesinados todas las ayudas que puedan suponer una “recuperación económica, psicológica o social”.
“No podemos decir que luchamos por una vida libre de violencia cuando invisibilizamos parte de los daños”, ha concluido.