El Gobierno obliga a las telecos a rebajar un 25% la tarifa de teléfono fijo e internet a los perceptores del ingreso mínimo vital
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nuevo Reglamento del Servicio Universal de telecomunicaciones, una norma que amplía el acceso a tarifas reducidas de telefonía fija e internet a todos los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Con este cambio, el número de potenciales beneficiarios pasa de las 10.000 personas que lo recibían hasta ahora a hasta 2,4 millones de ciudadanos, repartidos en cerca de 800.000 hogares, según ha informado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
La reforma obliga a las compañías que no cuenten con tarifas asequibles propias aceptadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a aplicar un descuento del 25% sobre el precio medio de mercado, fijado por el mismo regulador. El Real Decreto abre la puesta a su vez a que las pymes y las organizaciones sin ánimo de lucro soliciten este tipo de tarifa asequible, hasta ahora solo disponible para particulares.
El Servicio Universal es un derecho que puede ejercer cualquier persona, con independencia de su ubicación geográfica, su situación económica o de discapacidad, y que garantiza el servicio telefónico fijo y el acceso fijo a internet con una calidad determinada y a un precio asequible.
Sus nuevas normas también multiplican por diez la velocidad mínima garantizada de la conexión fija a internet incluida en el Servicio Universal, que sube de los 10 Mbps actuales a 100 Mbps. El Ministerio para la Transformación Digital asegura que esto convierte a España “en el primer país de Europa y uno de los primeros del mundo en ofrecer esta velocidad dentro del Servicio Universal”.
El reglamento consolida la salida de Telefónica como el prestador único de ese Servicio Universal, ya confirmada por la CNMC, para el 31 de diciembre de 2026. No obstante, la teleco conserva el deber de garantizar la continuidad de las ofertas vigentes del actual Abono Social.
A partir del 1 de enero de 2027, todas las compañías de telecomunicaciones tendrán la obligación de atender las solicitudes del Servicio Universal en las zonas donde ofrezcan cobertura. Durante la rueda de prensa, Óscar López ha agradecido a Telefónica, Orange, Vodafone y Digi su disponibilidad durante la tramitación de este Real Decreto.
El Real Decreto también contempla la obligación para todos los operadores de contar con una oferta suficiente de terminales adaptados para personas con discapacidad. Asimismo, las compañías tendrán que incorporar la funcionalidad de Texto en Tiempo Real (RTT), una herramienta diseñada para facilitar la comunicación a usuarios con dificultades auditivas o del habla.