El debate sobre el Sistema de Financiación Autonómica no es una discusión técnica reservada a expertos. Es una cuestión que determina cuántos recursos tienen las comunidades para sostener la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales. Y en ese debate, Canarias no puede quedar diluida en una media estadística que no refleja su realidad.

Reivindicamos que el nuevo modelo recoja todas las singularidades territoriales del Estado. La dispersión poblacional, la llamada España vaciada, el envejecimiento, la extensión territorial o la baja densidad son factores que deben ponderarse adecuadamente porque influyen directamente en el coste de prestar servicios públicos. No se trata de competir en agravios comparativos, sino de construir un sistema verdaderamente equitativo que asuma la diversidad real del Estado.

Esa misma lógica debe aplicarse a Canarias con la misma coherencia. Somos un archipiélago de ocho islas habitadas, con una fragmentación territorial que condiciona la organización administrativa y multiplica el coste efectivo de los servicios. Sin embargo, la variable de insularidad, ya insuficientemente ponderada en el modelo vigente, pierde peso en la nueva propuesta en lugar de reforzarse. Esa decisión no responde a un análisis riguroso de costes, sino a una simplificación que perjudica objetivamente a nuestra comunidad.