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El caso Mamotreto y el Estado de Derecho

En ATAN hemos perdido varias veces en los tribunales y recurrimos, pero jamás hemos acusado ni descalificado a los jueces

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El último sábado de enero el diario digital canariasahora.com adelantaba una providencia de la Audiencia que rechaza los recursos de las defensas y reitera la firmeza de la sentencia que no se suspende por los posibles recursos legales que les queden a los condenados. El viernes, el día anterior a conocerse la resolución de los tribunales, el Ayuntamiento de Santa Cruz debatía  sobre el mamotreto dedicando algunos grupos políticos mucho tiempo a discutir algo obvio en un estado de derecho: las sentencias judiciales hay que acatarlas, y también  cumplirlas, cuando son firmes. Como es lógico, este debate también existe en la sociedad, al fin y al cabo es la que sale perjudicada en un asunto en el que unos pocos ya han obtenido mucho. Y, como es normal, las redes sociales también reflejan la diversidad de opiniones que existen sobre todo el proceso que rodea al Proyecto de Las Teresitas y,  entre ellas  destacan las de algunos arquitectos  en contra del derribo -en todo o en parte- para no desaprovechar la enorme inversión  de dinero efectuada por las instituciones, es decir por los contribuyentes. Lo que llama la atención es que sus opiniones están avaladas por su corporación profesional, para el Colegio de Arquitectos, todos sus integrantes tienen una sola opinión sobre este caso, que, evidentemente, es un tema opinable, como el actual debate demuestra. Como portavoz de la asociación que denunció el caso en fiscalía, ATAN, he participado en el debate, algo que parece molestar a quienes piensan que están en la posesión de la verdad y los demás, incluidos los jueces, estamos equivocados y/o actuamos de mala fe porque sustituimos los argumentos por  insultos y  descalificaciones.

Un reciente artículo publicado en L a Opinión, firmado por el arquitecto-urbanista José Ángel Domínguez Anadón, lleva por título F ilocomunistas y otros sambenitos, en el que contesta a otro mío que tenía por título Los técnicos unos incompetentes, los jueces tontos o prevaricadores. Me pregunta el señor Domínguez si me acuerdo cuando una acusación de este tipo, filocomunista,  podía costar un disgusto en la época de la dictadura ¡claro que me acuerdo! A mí me acusaron de propaganda ilegal y pasé por el Gobierno Civil de Santa Cruz, la cárcel y el Tribunal de Orden Público, es un recuerdo imborrable. Y eso le sirve de introducción para acusarme de “ir por ahí etiquetando gratuitamente de corrupta a la gente como hacían aquellos fachas”. Señor Domínguez, yo no he etiquetado a nadie de corrupto y mucho menos de filocomunista en ninguno de mis escritos, puede comprobarlo en www,atan.org. He dicho y mantengo, al igual que la fiscal y otros muchos denunciantes, que el caso de La Teresitas es un ejemplo de libro de la corrupción que se adueñó del país desde unos años. ATAN no denuncia, y mucho menos etiqueta, a las personas, denuncia hechos que entendemos contrarios al ordenamiento legal y que afectan a la conservación de nuestro patrimonio natural. Hay corrupción porque hay corruptos y es precisamente en el sector urbanístico y en el de la construcción donde más casos de corrupción han aflorado y, por tanto de corruptos. Somos los denunciantes los que hemos sido tachados de inquisidores, justicieros, difamadores y un largo etcétera en este debate; por mi parte no utilizo los insultos, descalificaciones personales o juicios de intenciones, nuestros argumentos fueron asumidos por la fiscalía y refrendados por una sentencia judicial. Si usted  tiene pruebas y argumentos, como afirma, para decir que los jueces se equivocaron y que por tanto la sentencia es injusta solo caben dos opciones: la primera es que los jueces lo desconocieran a la hora de emitir el fallo porque estos datos y argumentos no se presentaron en el momento procesal oportuno. Si esto fuera así ¿quién es el responsable de que la sentencia sea errónea y con penas de cárcel? La segunda es que fueran conocidos y desestimados con argumentos jurídicos. Se supone que los jueces fallaron conforme a derecho y sujetos al imperio de la ley porque, en caso contrario, estarían cometiendo un delito de prevaricación .  

ATAN presentó un escrito en el Ayuntamiento de Santa Cruz, al que nunca respondió, ( Documento nº 2) advirtiendo de que se estaba construyendo un edificio a la entrada de la playa de manera ilegal y, a pesar de la evidencia, los responsables del ayuntamiento hicieron oídos sordos y continuaron las obras. La ilegalidad era  por dos motivos: en ese momento se estaba tramitando el deslinde del dominio público marítimo-terrestre y la ley es taxativa al respecto y establece que no se pueden autorizar o ejecutar proyectos en determinadas zonas mientras se tramita su deslinde; el segundo motivo de la advertencia que hicimos al ayuntamiento era acerca de la ausencia del obligatorio estudio de impacto ambiental, que en buena lógica debe ser anterior al inicio de las obras. Esas son algunas de las razones por la que los jueces, después de nuestra denuncia en fiscalía,  paralizaron el mamotreto. ( Documento nº 3). Estos hechos convierten lo que podría ser infracciones administrativas en delito. Con la sentencia se han avalado los razonamientos jurídicos de nuestra asociación (Véase documento nº 1). Este caso es todo un ejemplo de manera de actuar por parte de políticos, empresarios, funcionarios y técnicos, que ejemplifican a la perfección la España del pelotazo.

En ATAN hemos perdido varias veces en los tribunales (es nuestro principal recurso como asociación respetuosa con el estado de derecho); no hace mucho tiempo un juez rechazó nuestra denuncia sobre la operatividad del Puerto de Granadilla, a pesar de que nos habíamos gastado parte de nuestro escaso presupuesto en un informe técnico de gran solvencia y, en consecuencia, recurrimos, pero jamás hemos acusado ni descalificado a los jueces. Señor Domínguez era ilegal la construcción del mamotreto porque así lo establece, sin lugar a interpretaciones, la ley de Costas, el deslinde todavía no existía cuando comenzaron las obras y estaban avisados en tiempo y forma, pero siguieron adelante, la sentencia es la consecuencia.

La canalización de la desembocadura de los dos barrancos de San Andrés es un tema prioritario, según los estudios del propio Consejo Insular de Aguas (CIATF). (Por cierto, señor Domínguez, jamás se me hubiera ocurrido tildar de filobolchevique al gerente del CIATF, don José Fernández Bethencourt, conozco la institución y he colaborado varias veces con ella y sus proyectos).  La seguridad de los vecinos está en riesgo por inundaciones pluvio-marítimas como los hechos han demostrado. Se necesita resolver el problema de la desembocadura antes de construir en sus inmediaciones, usted lo planifica al revés, se construye antes de saber si la edificación podría ser un obstáculo en el arreglo de la desembocadura.

Todo lo relacionado con Las Teresitas, planes y proyectos, está contaminado desde sus inicios por la corrupción. El proyecto para el frente de playa se hizo, y así lo denunciamos, con un deslinde propuesto por el Ayuntamiento, entidad no competente, que fue rechazado por Costas. El proyecto, evidentemente, solo hubiese sido viable legalmente si previamente se hubiese cumplido con la respectiva normativa reguladora de los distintos aspectos que presentaba el proyecto y, en todo caso, establecido el deslinde y firmado el acuerdo con Costas para poder intervenir en suelo público; pero había prisa por hacer el negocio, las leyes les parecieron un obstáculo y por eso se cometieron delitos. Corrupción según el diccionario no es tal y como usted lo dice: “4.f.Der En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.” como ve la RAE no la reduce a bienes materiales. (Véase el caso Monagos). Tampoco estamos de acuerdo con el concepto de participación ciudadana, usted la reduce al periodo de información pública, pero nosotros no la entendemos así y tampoco la legislación vigente.

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