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Retroceso en RTVE

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Era la búsqueda de una televisión libre e independiente, asentada en el principio de que fue el Congreso de los Diputados el que, con dos tercios de los votos, eligiese al presidente de la corporación RTVE. Era una prueba democrática que se tradujo, pocos años después, en un sistema de financiación (en cierto modo favorecedor de las cadenas privadas) que incluía la desaparición de los anuncios o comerciales.

En cuanto a contenidos, garantizado el pluralismo (sin más protestas del Partido Popular que las abanderadas por María Dolores de Cospedal a medida que se aproximaban las elecciones), la calidad, la credibilidad, la neutralidad y la profesionalidad quedaron suficientemente acreditados con los galardones que a escala internacional cosecharon los espacios informativos que, de ese modo, se situaron por delante de la oferta de otras importantes cadenas del extranjero.

Seis años después de aquel paso decisivo para la consecución de un nuevo modelo de radiotelevisión pública, asistimos a un retroceso evidente. Es una marcha atrás sustentada en una mayoría parlamentaria. Han quebrado principios democráticos y las reglas del juego establecidas porque el Gobierno que preside Mariano Rajoy ha decidido modificar la Ley de manera que sea la mayoría parlamentaria del partido gubernamental la que decida, la que imponga, la que nombre, por ejemplo, al nuevo presidente de la corporación, un abogado del Estado, por cierto, de escasa experiencia en el mundo audiovisual. Sencillamente, ya no hay pluralidad en la elección del primer responsable ni en la de los consejeros que han de acompañarle.

Los socialistas han fijado posición política y han decidido, alegando no querer ser cómplices del quebranto institucional causado, no participar en la operación renunciando a dos de los tres lugares que les corresponden en el consejo de administración de la corporación. Se les ha acusado de dejación aunque aseguran seguir defendiendo el modelo en la comisión de control de RTVE así como la libertad, la independencia y la profesionalidad de los empleados de la corporación.

Es un aspecto muy concreto de la nueva situación y sólo el tiempo dirá si resultó acertada la medida pensando en fiscalizar, por ejemplo, la gestión de los nuevos gestores o fue un recurso táctico para escenificar la disconformidad.

Es tiempo también lo que pedirán éstos para que trabajo pueda ser contrastado. Pero que sepan que arranca con una tarjeta de déficit democrático y que mucho habrán de esforzarse para liberarse de ataduras políticas y tintes gubernamentales.

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