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La maldita constitución

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“Es de una gran importancia en una república no sólo salvaguardar a la sociedad contra la opresión de sus gobernantes, sino también salvaguardar a una parte de la sociedad contra la injusticia de la otra parte…Si la mayoría está unida por un interés común, los derechos de la minoría no están asegurados”.

                                                             Publius  Madison  “Federalist Papers nº 51 ”(1788)

Puestos a derogar toda la “maraña legislativa” que ellos mismos tejieron, algunos se han venido decididamente arriba. Tenía que ocurrir. Más pronto que tarde se las iban a ver con la Constitución. Y en esas estamos mismamente ahora.

Hay quienes llevan toda una vida desempeñando cargos en la democracia y no han tenido ni siquiera un ratito para pensar  (y, si cabe, para entender) que el año 1978   --presente lo tengo yo, decía el corrido mejicano-- acordamos entre todos aprobar una Constitución que nos ayudara a vivir en paz y en una sociedad un poco más libre y más  justa.

Tampoco entienden que el modelo de convivencia y el sistema político que hemos intentado edificar se basan en los derechos fundamentales y en la democracia, que tienen mucho  en común pero no son lo mismo.

Porque hay una tradición democrática autoritaria: la jacobina, que sin darse cuenta es la que tienden a preferir los espíritus autoritarios de toda condición. Y quienes hablan de democracia, pero prefieren la tiranía.

La Constitución de 1978 sirvió para restablecer la democracia y, por tanto, el poder  político de la mayoría. Sí, pero un poder limitado por los derechos individuales y por los de las minorías. Es ésta la primera condición de una sociedad abierta, tolerante, en la que nadie se sienta amenazado en el disfrute de sus derechos. En la que las las  minorías de hoy  se sientan respetadas y sus programas puedan ser mañana mayoritarios.

Ésto algunos no lo entenderán nunca, por lo que se ve. Y otros, que sí lo entienden,  callan para no apartarse de su verdadera  vocación, la de lacayos del poder.

En marzo de 2007, las Cortes de Castilla y León aprobaron por Ley  (6/2007) la “Ciudad del Medio Ambiente” para construirla en Soria, a orillas del Duero, en un espacio protegido por sus valores naturales. Se trataba, como ahora en el Parlamento de Canarias, de blindar mediante una Ley parlamentaria lo que debería haber sido autorizado por  el Gobierno o por la Administración de aquella Comunidad Autónoma.

Más de 50 diputados del PSOE en el Congreso, más de 50 y del PSOE, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esa “Ley”, basado en que, “por ser una ley singular o de caso único, con contenido materialmente ejecutivo y no legislativo, vulnera el principio de igualdad ante la Ley (art. 14 CE), el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3), la reserva al Gobierno  de Castilla y León de la función ejecutiva (arts. 10.19.1 y 20.1 del Estatuto de C. y L.) y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva”. Eran más de 50 diputados del PSOE.

De toda esta artillería pesada contra la Ley castellana  de la ciudad del Medio Ambiente, me voy a detener en el  ataque al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque un ataque a ese derecho  es exactamente lo que maquina  espuriamente el Gobierno de Canarias, hoy más que nunca gobierno de Coalición Canaria y la comparsa, pretendiendo autorizar por Ley  varios campos de golf y una ristra de hoteles en La Palma.

La adopción por Ley de decisiones que corresponden al Gobierno y a la Administración, argumentaron los diputados socialistas, “entraña una mengua importante de las garantías de que pueden disponer los particulares afectados por dichas decisiones, que ni siquiera pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional en defensa de sus intereses legítimos”, por lo que  “la acción pública y la observancia de la legislación urbanística…no podrá ser controlada por los Tribunales (ordinarios) ante los que los ciudadanos no pueden acudir”.

Porque una  Ley no puede ser controlada por los tribunales  de lo contencioso-administrativo, sino por el Tribunal Constitucional, al que no pueden recurrir ni los castellanoleoneses, ni nuestro  juan canario.

Y  los particulares son tanto cualquier propietario, aunque fuera uno solo,  que se resista  a ser expropiado en beneficio de los promotores, como los ciudadanos o las asociaciones que quieran ejercer una acción judicial en defensa del medio ambiente  --un derecho especialmente reforzado desde el Tratado de Aarhus  por la legislación  europea y española--.

Lo que están perpetrando los castros, marcos, taños,  ruanos, lavanderas, curbelos…, a quienes --desatada su furia contra las normas que ordenan el territorio y protegen los recursos naturales del Archipiélago-- hasta la propia Constitución ya les molesta,  es lo mismo que hizo en su día  Coalición Canaria, secundada por el PP, descatalogando por Ley determinadas especies amenazadas para allanar el camino a la construcción del Puerto de Granadilla. Lo peor de la vieja cultura del poder.

Entonces les salió bien. Porque el PSOE estaba preparando su coyunda con Coalición Canaria y no hubo 50 diputados socialistas que hicieran lo mismo que  frente a la Ley de la Ciudad Ambiental castellano leonesa: recurrirla ante el Tribunal Constitucional. Y eso que la dirigencia socialista lo anunció repetidamente, blandiendo un informe del Ministerio del  Medio Ambiente.

Pero ahora las cosas han  cambiado: ya no son sólo PSOE y PP (a los que CC camela por turnos,  y a veces al mismo tiempo) los que tienen la llave del Tribunal Constitucional. Ahora hay otro grupo parlamentario del Congreso que tiene más de los 50  diputados necesarios para recurrir una Ley estatal o autonómica.

Por tanto, todo este atajo inconstitucional puede acabar en el abismo. Ojalá no ocurra en nuestras Islas Verdes como en Soria: que los promotores que  presionaban para dejar el camino y coger  la vereda se lanzaron a construir. Y  cuando  el Tribunal Constitucional anuló la Ley (Sentencia 203/2013, de 5 de diciembre)  lo que ha quedado es un paisaje fantasmal de construcciones, a medio hacer y   abandonadas,  en el interior de un espacios natural protegido.

La irresponsabilidad del PSOE canario es infinita: los problemas reales de La Palma, que son sobretodo  fruto de varias décadas de mal gobierno y no la consecuencia de que tengamos leyes malas, no se arreglan arremetiendo a machetazos contra la Constitución, los principios del Estado de Derecho y los derechos fundamentales.

Pero convirtiéndose en aprendices de los peores manejos de Coalición Canaria sientan gravísimos precedentes que un día, más temprano que tarde, sus actuales aliados les restregarán por la cara. Y, entonces, definitivamente,  los canarios no podremos “tirar” del PSOE para defender nuestros derechos y  nuestra tierra frente a los depredadores de hoy y de siempre. Porque el PSOE acabará, ya está acabando, amordazado por sus propios yerros.

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