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Un error de Soria en el aval a Vanyera provocó el embargo judicial de 6,2 millones de euros de CajaCanarias al Gobierno autónomo

LA ORDEN JUDICIAL DE EJECUCIÓN QUEDA PENDIENTE POR LA OPOSICIÓN A LA MISMA DEL EJECUTIVO

El nuevo equipo de Economía trabaja ''desde el minuto uno'' para evitar el pago - La oposición a la orden se última ''y es muy contundente''.

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Un aval pésimamente gestionado por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, en la etapa de José Manuel Soria (PP), es la causa de la orden general de ejecución y embargo dictada contra la Comunidad Autónoma por el Juzgado de Primera Instancia 10 de Santa Cruz de Tenerife, a petición de CajaCanarias.

José Manuel Soria, en su etapa de consejero de Hacienda, con Elvira Rodríguez, secretaria de Economía del PP.

José Manuel Soria, en su etapa de consejero de Hacienda, con Elvira Rodríguez, secretaria de Economía del PP.

La orden judicial de 27 mayo, desvelada por este diario el pasado viernes, se debe a un préstamo de 5.289.073, 58 euros que en marzo de 2008 concedió CajaCanarias a Vanyera 3, la empresa grancanaria de catering y alimentación recuperada en 2007 por su socio fundador, Ángel Marrero, del fondo de inversión de riesgo británico 3i al que la había vendido anteriormente, con un resultado desastroso para su supervivencia en el mercado.

La operación financiera por la cual CajaCanarias ayudaba, en un principio, a reflotar Vanyera 3, se había diseñado en la anterior legislatura durante la etapa de José Carlos Mauricio (CC) al frente de la Hacienda pública canaria. Sin embargo, bajo mandato de José Manuel Soria fue cuando se rubricó la operación, con permiso de la Unión Europea al avalar una Administración pública a una empresa privada ante un entidad financiera. Y el departamento de Soria cometió un error de bulto: no inscribir en el Registro Mercantil la garantía hipotecaria por la cual avalaba la Consejería a Vanyera 3 ante CajaCanarias.

El olvido del equipo de José Manuel Soria provocó no sólo la dimisión -seis meses después- de la teórica responsable del error de bulto, la directora general del Tesoro y de Política Financiera del Gobierno de Canarias, Cristina Domingo Yoldi, sino que al entrar Vanyera 3 en proceso concursal, el préstamo de CajaCanarias, al no haber inscrito el Ejecutivo regional el aval en el Registro de Bienes Muebles y en el de Patentes y Marcas, no pudo ser reconocido dentro de la masa de acreedores de Vanyera 3 como un crédito preferente. Las garantías de recuperar el dinero quedaban cercenadas.

De ahí que la entidad de ahorro presentara una demanda fuera del proceso concursal que llevaba a cabo el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, que a finales de 2009 autorizaba la venta de Vanyera 3 a la mercantil madrileña de alimentación Ucalsa, por una cantidad muy inferior a la que hubiese supuesto de haber contado el préstamo de CajaCanarias en la operación de compra-venta.

Es esa reclamación de CajaCanarias, directamente al avalista de Vanyera 3 y no a la empresa concursada, la que se sustancia favorablemente a los intereses de la entidad de ahorro tinerfeña en Primera Instancia 10 de Santa Cruz de Tenerife. Tanto, que la orden general de ejecución está encima de la mesa del Gobierno de Canarias desde su firma por parte del Juzgado el 27 de mayo pasado.

Fuentes gubernamentales confirmaban este martes a CANARIAS AHORA la noticia adelantada el viernes pasado y confirmada también en ese momento por CajaCanarias. Desde el Ejecutivo regional se asegura, por contra, que desde que tomó posesión el nuevo equipo de Jorge Rodríguez (CC) al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, en octubre pasado al abandonar José Manuel Soria y el PP el Gobierno, "los servicios jurídicos se han puesto desde el minuto uno" a intentar resolver este entuerto heredado de la gestión incorrecta del departamento de Soria.

Así, como avanzara también CajaCanarias el viernes, el procedimiento judicial de Primera Instancia 10 de Santa Cruz sigue abierto, ya que la Comunidad Autónoma se ha opuesto a la orden general de ejecución del Juzgado. Una oposición calificada por las fuentes gubernamentales consultadas como "muy contundente", que se ultima estos días en el seno de la Consejería y de la que se pretende dar detalles en breves fechas.

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