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La regulación del alquiler vacacional en Canarias sigue en "parálisis"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista critica la "desidia, ineficacia y falta de agilidad" del Gobierno regional ante la situación en que se encuentra esta actividad

Román Rodríguez alude a la necesidad de que se apruebe una normativa específica con rango de ley sobre este asunto

El alquiler vacacional ya acapara más del 8% de la demanda turística total en Canarias

El Ejecutivo central ha asegurado que modificará el decreto "garantizando el modelo turístico" y ha recurrido la sentencia que tumba parte de esta norma

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Cartel de Se Alquila en una vivienda.

Cartel de Se Alquila en una vivienda.

El alquiler vacacional sigue creciendo en Canarias y acapara ya el 8% de la demanda turística. Se trata de un dato conocido esta última semana y que vuelve a poner de relieve la importancia de disponer de una ley que regule esta actividad en las Islas.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Bella Cabrera, ha criticado este domingo la "desidia, ineficacia y falta de agilidad" del Gobierno de Canarias ante la situación en que se encuentra el sector. En este sentido, ha reprochado a Clavijo que no haya hecho caso las iniciativas que su grupo ha venido proponiendo en los últimos meses. A su juicio, el presidente regional está ignorando los acuerdos del Parlamento de Canarias, al colectivo de afectados y obviando "las preocupantes consecuencias que esta actitud puede tener en el turismo y el empleo en las islas”, subraya.

Cabe recordar que el TSJC ha tumbado parte del decreto de alquiler vacacional y el Ejecutivo regional lo ha recurrido. Además, el Gobierno ha asegurado que modificará dicho decreto "garantizando el modelo turístico".  No obstante, el tiempo pasa y aún no existe una solución clara.

El PSOE apuesta por la simplificación del papeleo exigido para desarrollar esta actividad, pero también insiste en la necesidad de que se articule una serie de criterios de excelencia y calidad que permitan seguir ofreciendo un servicio de altura y mantenernos en el mercado turístico internacional.

Cabrera cree que "esa desidia del Gobierno de CC respecto al decreto está perjudicando mucho a la sociedad canaria, porque vemos que nos estamos quedando sin viviendas para alquilar a los trabajadores del turismo". Por ello, señala que se genera un círculo vicioso ya que no se puede ofrecer un servicio de nivel al cliente y se perjudica de manera preocupante al destino.

"Burbuja de precios"

Rosa Bella Cabrera también advierte de la creciente “burbuja de precios” en el mercado del alquiler de la vivienda. Explica que se está desplazando su función social por un mercantilismo que conlleva a "la expulsión de las clases trabajadoras de aquellos entornos donde resulta más rentable dedicar el destino de un inmueble al alquiler vacacional".

En estos términos también se ha pronunciado el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, en su último artículo de opinión. Recuerda que la masificación en ciudades como Barcelona está generando una subida en el precio de los alquileres que no se puede permitir la ciudadanía.

Rodríguez recuerda que esta "lamentable siuación" también se da en islas como Lanzarote o Fuerteventura y ya empieza a notarse en Gran canaria o Tenerife. "Canarias cuenta con competencias exclusivas en materia turística. Pese a ello y a la magnitud de un fenómeno que comienza a desbordarse, en dos años de legislatura el Gobierno de Clavijo no ha hecho nada al respecto", reprocha el presidente de NC.

"Una regulación urgente"

Para la diputada socialista, “urge una regulación que permita cohabitar a todos los sectores de la sociedad, turistas y trabajadores, de tal forma que la adopción de decisiones por este Gobierno resulta ya más que necesaria”.

Cabrera insiste en que se debe afrontar el debate para dar solución a los problemas legales en los que se encuentra esta actividad y demostrar algo de sensibilidad con los afectados, que representan a un sector de mayor peso y alcance mayor del que cabía suponer.

Para el líder de NC, el Ejecutivo de CC está obligado a responder, tanto a la masificación y sus riesgos como ante el negocio turístico del alquiler vacacional, aprobando una normativa específica con rango de ley.

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