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Una propietaria de suelo pide al Gobierno canario que medie para evitar la “extorsión” de los promotores de parques eólicos

Solicita al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que interceda, mire por los dueños de los terrenos y medie para que la redistribución de la riqueza sea razonable y no dejarles en una situación de vulnerabilidad

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Las bases de una negociación de suelo destinado a un parque eólico: “O aceptas mis condiciones o metes en un procedimiento de expropiación”

Carmen Padilla es una de las propietarias de un terreno ubicado entre los municipios majoreros de Pájara y Tuineje en el que se fijó la promotora Sistemas Energéticos de Fuerteventura, S.A.U. que se inscribió en el cupo eólico de 450 megavatios (MW) para instalar cinco aerogeneradores de la marca Gamesa, con una potencia total de 10MW. Durante la negociación asegura haberse sentido “extorsionada en todo momento”.

La falta de entendimiento entre ambas partes y la intención de la empresa de utilizar el espacio durante más de 25 años mediante unas cláusulas que considera abusivas, han hecho que se acerque de forma inminente el momento con el que se la amenazó desde el principio: la declaración de utilidad pública por parte del la Administración regional y con ello la expropiación. Un paso que Carmen prefiere evitar.

La base de la negociación, relata, se centró en que “o aceptas mis condiciones o te metes en un procedimiento de expropiación”. Algo semejante a lo denunciado por un propietario de unos terrenos del sur grancanario.

Motivo por el que pide al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento que interceda, mire por los dueños de los terrenos y medie para que la redistribución de la riqueza sea razonable y no les deje en una situación de vulnerabilidad. Estos últimos no han tenido la facilidad de negociar con otros promotores salvo el que se inscribió en su parcela, a pesar de tener voluntad de que el espacio sirva para que se instalen molinos eólicos.

Solicita que el beneficio no vaya a parar únicamente a Gamesa, teniendo en cuenta que la utilidad pública se declara para que una empresa privada se lucre, sino que también gane de forma equiparada el propietario. Una petición que nace de la desventaja a la que se ha visto sometida durante toda la negociación y que teme que se siga produciendo con el precio del terreno a expropiar, ya que lo propone el promotor.

Según el Estudio Básico de Viabilidad, la rentabilidad del parque Alisios, de 95.000 metros cuadrados, asciende a los 858.000 euros durante el primer año con un nivel de rendimiento bajo, a los 1,3 millones con uno medio y a los 1,2 millones con uno alto.

Sin embargo, Padilla recuerda que Gamesa trató de obtener el suelo de forma gratuita durante los dos primeros años de estudio e instalación de molinos y ofreció a la familia un canon del 3%, que tras una dura negociación que duró más de un año solo subió al 3,5%. Poco después descubrió que un parque cercano perteneciente a otra entidad estipuló el canon en un 6% y que Sistemas Energéticos de Fuerteventura no quiso igualar la cifra.

Ambos porcentajes siguen siendo bajos y  en ocasiones se silencia que los conceptos de tarifa protegida son muchos más amplios y se encuentran regulados en el Real Decreto por conceptos como la retribución a la inversión, a la operación, incentivo a la inversión por reducción del coste de generación o vida útil regulatoria.

Aunque sigue teniendo interés en llegar a un acuerdo, Padilla lamenta que el proceso “ha sido agotador” y resume el punto de partida en que “todo era para ellos” y que “nos querían estafar”. De hecho, asegura que la empresa comenzó a hacer mediciones en el espacio sin contar con el permiso de todos los propietarios. Lo más grave, asegura, es la división familiar que ha provocado el proceso.

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