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La Ejecutiva socialista deja pendiente la Ley del Suelo tras ocho horas de reunión

En el encuentro se reprochó que la declaración sobre el anteproyecto se hiciera público antes de que los mandamases socialistas se reunieran

A pesar de la falta de consenso, según la Ejecutiva, los socialistas recogieron seis cuestiones para mejorar dicha Ley que serán planteadas mediante iniciativas concretas durante su tramitación parlamentaria

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Ejecutiva regional del PSOE celebrada en septiembre de 2016

La Ejecutiva reunida en Las Palmas de Gran Canaria no encontró consenso @PSOECanarias

La Ejecutiva Regional del PSOE de Canarias se reunió este sábado en Las Palmas de Gran Canaria en una jornada en la que el tema estrella era la  Ley del Suelo y la votación sobre la declaración de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE sobre el antreproyecto hecho público a principios de este mes y que contenía duras críticas al anteproyecto de la ley al que los miembros socialistas del Gobierno canario votaron a favor. Tras ocho horas de reunión, al final las discrepancias se impusieron y no se llegó al consenso.

Fuentes consultadas por este periódico explicaron que la Ejecutiva está dividida entre quienes están a favor de la propuesta estrella de Fernando Clavijo y aquellos que se oponen porque es una medida que no estaba en el pacto de Gobierno y que además va en contra de la protección del territorio, un principio que es abanderado por el PSOE.

Entre los que mostraron su oposición al texto y por tanto, respaldan la Ley del Suelo, se encontraban la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández; el consejero de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta;  el presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana; el portavoz de los socialistas en el Parlamento de Canarias, Iñaki Lavandera; y el alcalde de Guía de Isora, Pedro Martín.

Mientras, entre los que eran partidarios de votar a favor del documento estaban el secretario general de los socialistas en Canarias, José Miguel Pérez; el secretario insular en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres; el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar; los parlamentarios Gustavo Matos y Manuel Fajardo; la alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo; o la exparlamentaria Gloria Gutiérrez. 

Ante la falta de acuerdo, en el último momento, el exdiputado Francisco Hernández Spínola expuso un nuevo escrito como alternativa al que se debatía que no había visto la luz hasta ese momento. Sin embargo, la Ejecutiva le pidió que la madurara más y que la enviara al resto de compañeros para ser debatida en otro futuro encuentro todavía sin fecha.

Estas fuentes comentaron también que en la asamblea, que además de larga fue en ocasiones tensa, se reprochó que se hiciera público a principios de agosto las críticas a la ley sin que antes se hubiera reunido la Ejecutiva Regional.

Según ha informado la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE en un comunicado, en esta jornada se ha debatido sobre la necesidad de mejorar el actual texto en su tramitación parlamentaria, pero insisten en reafirmar su compromiso con el contenido del pacto ratificado con Coalición Canaria para esta legislatura.

A pesar de la falta de consenso en esta última reunión, en el comunicado emitido, el PSOE expresa que el debate se centró en cambios a proponer para otorgar a la futura Ley el mayor consenso político y social. De este modo, entre las cuestiones a mejorar, menciona que la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la debe efectuar un órgano de la Administración de la Comunidad Autónoma. 

Para los socialistas, en aplicación del principio de contención al suelo rústico: "Todos los usos que se puedan implantar en el suelo urbano, en el suelo urbanizable y en los asentamientos rurales no deben localizarse en el resto de categorías de suelo". Además, apuestan por la "no derogación de las Directrices de Ordenación General de Canarias" y proponen que pueda estudiarse que pasen a rango reglamentario.

Otro de los puntos que abanderan, según la Ejecutiva, es que en los parques naturales debe seguir estando excluido el uso residencial y que las administraciones públicas no vean limitadas sus competencias al mero control de legalidad de los planes parciales y especiales y estudios de detalle. Asimismo, son partidarios de someter las Ordenanzas Provisionales Insulares/Municipales a la evaluación ambiental estratégica.

La Ejecutiva expresa que estas cuestiones se plantearán mediante las iniciativas concretas que se elaborarán  para la tramitación parlamentaria de dicha Ley.

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