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La Fiscalía reduce a cuatro los acusados por el 'caso Icfem'

PIDE INHABILITACIÓN PARA CARGO PÚBLICO POR DIEZ AÑOS Y RETIRA LAS PENAS DE CÁRCEL

Solicita apertura de juicio por prevaricación al ex consejero Víctor Díaz y los ex directores generales Francisco Almeida, Aurelio Ayala y Diego León.

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Prevaricación administrativa continuada de cuatro ex altos cargos del Gobierno de Canarias y solicitud de pena de inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público por tiempo de diez años. De este modo ha calificado, de nuevo, el Ministerio Público el caso Icfem, reducido ahora a cuatro acusados: el ex consejero de Empleo Víctor Díaz y los ex directores generales Francisco Almeida, Aurelio Ayala y Diego León, sin penas de cárcel como en su anterior petición.

La Fiscalía solicita así la apertura de juicio oral contra estos cuatro ex responsables de la formación en empleo, y detalla en su escrito de acusación dirigido al Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria, más de veinte supuestos delictivos por parte del consejero de Empleo del gobierno de Manuel Hermoso (1995-1999), Víctor Díaz, ocho en el caso de Francisco Vicente Almeida, director del Icfem durante un año (1995-1996), once por parte de Aurelio Ayala (1996-1998) y solo dos hechos en el caso de Diego León -le pide nueve en vez de diez años de inhabilitación-, "ya con otro consejero" bajo el gobierno de Román Rodríguez (1999-2003).

El nuevo escrito de calificación por parte de la Fiscalía del primer gran caso de presunta corrupción política en Canarias que data de hace 14 años se debe a la revisión de pruebas decretada por el juez instructor en abril, así como un peritaje que la primavera pasada dictaminó que el destino de las subvenciones a diversas academias de empleo durante la época investigada se ajustó a la normativa vigente y fue aceptada por la Comisión Europea.

Por ello, el magistrado Luis Galván retrotrajo las actuaciones de la fase de instrucción a una nueva calificación de las partes, que en el caso del Ministerio Público reduce a cuatro los acusados y un solo delito continuado de prevaricación administrativa, al quedar fuera la presunta malversación de fondos públicos inicial. En 2005 se había solicitado cinco años de cárcel para los mismos acusados de ahora más el ex consejero Francisco Zumaquero, además de inhabilitación por nueve años para Tomás Quesada. Para estos dos últimos, Anticorrupción pedirá el sobreseimiento provisional de la causa.

Diez grandes contrato-programas

De la actuación de los acusados, la Fiscalía Anticorrupción detalla las irregularidades cometidas en la firma y seguimiento de diez grandes contrato programas para la formación en empleo con organizaciones empresariales y sindicales y academias de formación como Apeco, la FEHT, Forecan, Asaja, Cecapyme, la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativista, UGT, Fedalime, Steinger, RIU, así como homologaciones irregulares de cursos y la ausencia total de control de los objetivos de inserción laboral de esos contrato-programas por parte del Icfem.

El escrito indica, en el caso del contrato-programa trienal (1995-1997) con la Asociación de las Pequeñas Empresas de Economía Social (Apeco) que este fue firmado por Víctor Díaz contra un informe jurídico de los servicios de la Comunidad, que detallaban infracciones del ordenamiento jurídico en el documento suscrito, del mismo modo que con otro contrato-programa firmado con la patronal de la hostelería y turismo (FEHT), cuyos importes entre 1995 y 1997 ascendieron a 353.289,43 euros, 249.184, 34 euros y 327.345, 47 euros -en total 154.708.904 de las antiguas pesetas-, con el mismo tipo de informe jurídico contrario.

Aparte de no detallar en esos documentos los objetos del contrato, la selección de alumnos, los objetivos de inserción laboral y, sobre todo, el seguimiento y evaluación de las acciones formativas por parte del Instituto, en el caso de la FEHT, la Fiscalía señala que el acuerdo se suscribió con el pleno conocimiento del Icfem y la Consejería de las subcontrataciones realizadas a academias que ejecutarían esos cursos, contraviniendo la normativa vigente.

Otro de los delitos de prevaricación de los que son acusados los ex altos cargos de Empleo se centran en Forecan, que del mismo modo que la FEHT, ya tenía subcontratados los cursos asignados por los cuales percibió 99.200.700 pesetas en 1995 y parte de 1996, incluso en la documentación aportada por los adjudicatarios de las subvenciones ya figuraban las direcciones de los centros subcontratados, aunque sin especificar los nombres de estos a los que se trataba de camuflar.

El escrito de acusación se extiende especialmente en el caso de Forecan, ya que figuran en el mismo auditorias de la Intervención General de la Comunidad por decenas de importes que debieron ser reintegrados a la Administración pública, y que no fueron requeridos al ser imputados por los responsables del Icfem a las academias subcontratadas por parte de Forecan, la única que tenía vinculación con el Icfem para poder reclamar los reintegros. Las cantidades globales en este caso ascienden a más de 50 millones de las antiguas pesetas.

Otra serie de subvenciones a Forecan también quedan en entredicho a la hora de su justificación y reintegro no exigido por parte de la Administración pública, mientras el modus operandi denunciado de subcontrataciones irregulares por parte de las adjudicatarias y reintegros no satisfechos al detectarse la no ejecución de cursos se repite a lo largo del escrito de Fiscalía, una de las cuatro partes personadas en un caso en el que también ejercen la acusación particular otros colectivos.

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