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El Gobierno no controlará los planeamientos en los espacios naturales protegidos

CC, PP y ASG imponen su mayoría para sacar adelante los aspectos más cuestionados de la futura Ley del Suelo

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Parcela ubicada en Montaña Roja (PLAYA BLANCA)

Parcela ubicada en Montaña Roja (PLAYA BLANCA)

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, aseguró en el pasado Debate sobre el estado de la Nacionalidad Canaria que no iba a "sacrificar el espíritu" de la futura Ley del Suelo en aras de conseguir "la unanimidad" en la aprobación de la norma. Seis días han tardado los grupos Nacionalista, Popular y Mixto (ASG) en aplicar la máxima imponiendo su mayoría en la ponencia para que sean los cabildos, y no un organismo dependiente del Gobierno, quienes aprueben los planeamientos en los espacios naturales protegidos.

Una tesis no compartida ni por el PSOE ni por Podemos ni por Nueva Canarias (NC), que han defendido en sus enmiendas rechazadas que esta potestad la tuviera el órgano autonómico que sustituya a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

De esta manera, el pacto de los 33 (CC, PP y ASG) sacan adelante otro más de los aspectos más polémicos del núcleo duro de la Ley del Suelo, permitiendo que los cabildos y ayuntamientos tomen el control del territorio y el Gobierno regional se inhiba de estas competencias, pues no hay que olvidar que el pasado 16 de marzo estos grupos apoyaron también que  los cuatro grandes municipios de Canarias escaparan al control urbanístico y medioambiental del Ejecutivo regional.

Cantonalizar el planeamiento

Al término de la ponencia reunida este martes, el portavoz y líder de NC, Román Rodríguez, insistió en que se está "cantonalizando" el planeamiento territorial y vulnerando la normativa básica del Estado.

Por su parte, la socialista Nayra Alemán insistió en el planteamiento de los socialistas de que sea la nueva Cotmac quien ejerza el control de legalidad de los planeamientos insulares y municipales mediante informes preceptivos y vinculantes, así como ocuparse de la evaluación ambiental estratégica, tanto insular como municipal.

O como dijo el portavoz socialista, Ignacio Álvaro Lavandera, también en el pasado Debate sobre Canarias, los socialistas "no vamos a permitir 12 Cotmacs".

El Gobierno no tutela 

Al respecto, el ponente nacionalista, José Miguel Ruano, insistió en las tesis de que “no podemos cambiar los principios de simplifcación y contención en el proyecto de Ley porque no avanzaríamos con respecto a la situación actual, ya que PSOE, Podemos y NC plantean un modelo que ya se ha visto que no ha funcionado”.

Pese a las críticas de la oposición a la Ley del Suelo, Ruano ha insistido en que los   informes   de la futura Cotmac van a seguir siendo vinculantes, como en la actualidad, pero no así los de   legalidad  sobre el planeamiento   por   parte   del   gobierno,  "pues se le otorgaría una   función de tutela sobre cabildos y ayuntamientos que no le corresponde”.

 “ El   Gobierno   por lealtad   institucional   y   seguridad   jurídica   podrá   hacer   un   informe jurídico sobre aspectos que no sean los propios de sus competencias para ayudar a los cabildos y ayuntamientos a hacer modificaciones, pero nunca porque vincule, porque el Gobierno no tiene superioridad  desde  el  punto de vista   normativo para imponer su criterio jurídico”, remachó.

Pese a lo sucedido este martes y de las palabras de Clavijo en el pasado debate, Ruano ha insistido en que seguimos con el dialogo abierto y todas y cada una de las enmiendas se estudian”.

"Es una Ley de 400 artículos, algunos se aprobarán por 33 votos, otros por 48 y algunos incluso por 60, porque la misma legitimada democrática tendrá la Ley sea aprobada por 31 o por 60 diputados", concluyó.

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