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El PSC saca adelante 24 de sus 82 resoluciones

DEBATE DE LA NACIONALIDAD

CC y PP pactan reformas administrativas que no han llevado a cabo durante toda la legislatura.

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La ruptura del Pacto entre CC y PP ha tenido como consecuencia que el Grupo Socialista haya conseguido ver aprobadas, bien con el apoyo de los nacionalistas bien con el de los conservadores, 24 de las 82 propuestas de resolución con las que ha concluido el Debate de la Nacionalidad.

Así, la Cámara ha condenado la actuación parcial del director general del Radiotelevisión Canaria (RTVC), Willy García, y del propio Gobierno regional, al que se le ha pedido que no adjudique el concurso de licencias de radio.

Con el voto en contra de CC, socialistas y conservadores han conseguido que el Parlamento urja al Gobierno a que "cumpla la resolución aprobada por la Cámara el 17 de diciembre de este año, en virtud de la cual se insta al Ejecutivo a suspender hasta el 31 de julio todo procedimiento puesto en marcha para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios en ondas métricas con modulación de frecuencia".

Asimismo, aunque esta vez con los nacionalistas sumándose al PSC y al PP, la Cámara insta a RTVC a "cumplir los principios de contratación pública, concurrencia, publicidad y transparencia" en sus programas y, "garantizar la pluralidad, imparcialidad, objetividad y participación en su programación, con carácter general y en especial durante la campaña electoral previa a los próximos comicios de mayo".

Por su parte, los conservadores recibieron el apoyo de CC para sacar adelante cuatro de sus propuestas aunque todas ellas obedecen a cuestiones que el Gobierno regional no ha llevado a cabo en esta legislatura pese a que ambas formaciones formaron parte del Ejecutivo hasta el pasado mes de noviembre.

Así, CC y PP han acordado que el Gobierno aborde "un proceso de disminución real del tamaño de las administraciones públicas", lleve a cabo una "reforma profunda del sector público empresarial" de Canarias, inicie un proceso de "simplificación administrativa basado en la clarificación y racionalización de las competencias públicas que acabe con el fenómeno actual de duplicidades y solapamientos" con cabildos y ayuntamientos y, por último, promueva una "racionalización legislativa del marco normativo autonómico que favorezca la actividad económica en Canarias".

Con el apoyo de los nacionalistas, el PSC insta al Gobierno a que "incorpore a su gestión instrumentos de evaluación de la eficiencia y eficacia de las políticas y gasto públicos" para evitar el dispendio de los recursos públicos, "adoptar urgentemente cuantas medidas resulten necesarias para mejorar la recaudación de derechos pendientes de cobro de la Comunidad Autónoma" y "poner en funcionamiento inmediatamente los Registros del personal directivo autonómico y del personal eventual del sector público autonómico".

Colaboración con el Estado

En referencia a las relaciones entre Canarias y el Estado, nacionalistas y socialistas se comprometen a "colaborar con el Gobierno de España en el efectivo desarrollo y ejecución de la Ley de Aguas Canarias", valorar el Plan de Empleabilidad del Ejecutivo central que "supondrá que más de 15.000 desempleados canarios sin cobertura puedan cobrar una ayuda de 400 euros reforzando su compromiso de formación", reforzar el "marco de colaboración con el Consorcio de Rehabilitación de Puerto de La Cruz Tenerife y el Consorcio del Sur de Gran Canaria" y "la apuesta decidida del Gobierno de España en el apoyo a las infraestructuras canarias, que se concreta en el buen funcionamiento del convenio de carreteras y el de obras hidráulicas".

Además, CC y PSC apoyan "el marco de colaboración con el Gobierno de España con el objeto de continuar reforzando en el seno de la UE la implantación de un sistema eficaz de control para que las importaciones de tomate del Reino de Marruecos no superen las fijadas en los acuerdos internacionales" alcanzados entre este Estado y Bruselas.

Sin embargo, las 58 resoluciones en las que el PSC criticaba y consideraba fracasadas las acciones del Ejecutivo en politícias sociales básicas fueron contundentemente rechazadas por los nacionalistas que, en boca de José Miguel González, aseguró que "todo lo que digan que es un fracaso, no se apoya".

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