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Sanción al presidente de Las Teresitas por fraude

DEBERÁ PAGAR A HACIENDA 106.500 EUROS

En pocos días el Supremo ha impuesto sanciones por casi 150.000 euros a dos expropietarios.

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El presidente de la Junta de Compensación de Las Teresitas, Jerónimo Delgado Delgado, tendrá que pagar a Hacienda 106.500 euros por no haber cumplido con sus obligaciones fiscales tras la venta de sus propiedades a la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) en el año 1998.

Delgado Delgado permanece en la actualidad como imputado por apropiación indebida dentro de la pieza separada de la causa penal que se tramita en el Juzgado número 5 de Santa Cruz de Tenerife, al igual que el resto de directivos de la Junta. El Tribunal Supremo (TS) en apenas pocos días ha vuelto a ratificar que tras la adquisición de los terrenos por parte de Ignacio González y Antonio Plasencia, los antiguos propietarios incumplieron con sus obligaciones fiscales. Por ello, hace escasos fechas se obligó a otro de los miembro de la Junta, Vicente Dorta, a abonar más de 42.500 euros y ahora se hace lo propio con el presidente.

Pero estos dos fallos son tan solo la continuación de una larga cadena de resoluciones judiciales que van en el mismo sentido y cuyo montante asciende ya a más de 11,5 millones de euros en apenas un año y medio. De seguirse en la misma línea, podría darse la paradójica consecuencia de que los 250 miembros de la Junta y de la empresa Playa de Las Teresitas SA, cuyos componentes son los mismos, acabarán desembolsando a Hacienda más dinero que el percibido en aquel entonces, que ascendió a 33 millones de euros.

Lo que sí ha cambiado es la estrategia judicial. Así, mientras que hasta ahora se había optado por presentar recursos de casación ante el Supremo apelando a que este dinero debía ser contabilizado como beneficios de la empresa y no como incrementos personales de patrimonio, ahora se ha optado por interponer recursos de unificación de doctrina. Esta apelación es utilizada en los casos en los que se considera que existe contradicción entre los fallos emitidos. Sin embargo, el resultado está siendo exactamente el mismo, ya que el TS ha tirado por el suelo el argumento de que habían prescrito los plazos para exigir el reintegro del dinero no declarado. Además, cuando las reclamaciones del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) van en contra de la Junta o de Playa de Teresitas SA la defensa es la contraria y se sustenta en que eran los miembros los que percibieron los beneficios y no las sociedades. Una estrategia que los investigadores atribuyen al abogado, Mauricio Hayek que asesoró a los antiguos propietarios.

En el caso de Delgado Delgado, el Supremo se pone del lado del Abogado del Estado a la hora de negar la existencia de contradicción alguna entre los fallos a los que hace mención la defensa y se concluye que no se incurrió en "procedimientos argucias" cuyo único fin era que no se interrumpieran los plazos. Los particulares que hasta ahora han tenido que hacer frente a estas reclamaciones han argumentado una y otra vez sin ningún resultado a su favor que ni la Junta ni la sociedad han quedado formalmente disueltas y extinguidas y por ello las cantidades percibidas de ambas "constituyen rendimientos del capital mobiliario y no incrementos de patrimonio". En estas dos últimas sentencias emitidas en pocos días el Supremo obliga a cada uno de los recurrentes a abonar 1.500 euros en costas judiciales.

Hayek siempre ha sostenido que los 33 millones de euros cobrados en 1998 fueron repartidos en su totalidad y de forma proporcional desde ese año hasta 2003 entre los 250 miembros de la Junta que acudieron a la oficina situada en la misma playa y acreditaron su titularidad. Sin embargo, la policía ha detectado que en muchos casos las citaciones contenían datos erróneos, por lo que eran devueltas, y sin embargo nunca se realizó ningún esfuerzo para volver a localizar a los destinatarios. El resultado es que muchos de los antiguos propietarios nunca llegaron a percibir cantidad alguna y a otros se les abonó menos de lo que les correspondía. Así lo declararon cuando fueron citados individualmente por la titular del Juzgado, Lucía Machado, con el fin de conocer de su propia boca cada uno de los casos.

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