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Sanidad gastó 662.000 euros en pluses de productividad sin el respaldo del Gobierno

JUSTO ANTES DE ENTRAR EN VIGOR LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA CRISIS DE 2010

Cargos del PP en el Servicio Canario de Salud no elevaron al Consejo para su aprobación incentivos arbitrarios por productividad.

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La Consejería de Sanidad, por medio del Servicio Canario de Salud (SCS), gastó entre los meses de agosto y diciembre de 2010 más de 600.000 euros en complementos de productividad destinados a decenas de funcionarios y laborales de su departamento, justo antes de que el 3 de noviembre pasado se publicara en el BOC las medidas extraordinarias para reducir el gasto en la Comunidad Autónoma, que suspenden los criterios de distribución de complementos de productividad variable ligados a objetivos del SCS desde el 1 de enero.

Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de la Salud.

Lourdes Quesada, secretaria general del Servicio Canario de la Salud.

Según han confirmado a CANARIAS AHORA fuentes internas, los pluses de productividad nunca fueron remitidos al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y más cuando el Ejecutivo preparaba desde la primavera anterior las medidas para contener el gasto en la administración autonómica, anunciadas y ejecutadas finalmente por la Consejería de Economía y Hacienda del ex vicepresidente José Manuel Soria (PP).

En paralelo, la consejería de Sanidad de Mercedes Roldós (PP), daba vía libre para que la secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada, autorizara bajo su criterio la distribución de 662.841,43 euros correspondientes a la financiación de un convenio entre la Comunidad y el Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través de la Seguridad Social (INSS), con el fin de controlar las bajas laborales en toda Canarias.

El programa específico tenía por objeto el estudio del comportamiento de los procesos por incapacidad laboral (IT), derivados de ciertas patologías y el desarrollo de determinadas estrategias para mejorar la gestión de esta prestación. Es decir, la comprobación efectiva de que los trabajadores de las Islas, tanto del sector público como de las empresas privadas, de baja por enfermedad lo estuvieran realmente.

Las fuentes consultadas por este periódico aseguran, además, que no sólo se distribuyó esa cantidad de dinero a espaldas de un Consejo de Gobierno que ya trabajaba para suprimir los pluses de productividad, sino que el reparto, correspondiente a ejercicios de 2009 y de 2010, se hizo aprisa y corriendo, entre agosto y diciembre de 2010, y de manera arbitraria, ya que no sólo percibieron complementos inspectores médicos del Servicio de Salud Laboral destinados a tal fin, sino incluso auxialiares administrativos o letrados que nada tuvieron que ver con el programa específico acordado con el Ministerio de Trabajo.

De este modo, de los 662.000 euros distribuidos como incentivos -en otros años, el Ministerio determinaba destinar esas partidas a inversiones o necesidades- el Servicio de Salud Laboral se llevó la mayor parte, en dos tandas de 61.819,50 y 140.756 euros, a través de diferentes resoluciones firmadas por la secretaria general del Servicio Canario de Salud, pero también recibieron pluses funcionarios de los Servicios Centrales adscritos a direcciones generales como Recursos Humanos o Recursos Económicos.

En este caso, Quesada autorizó el pago de complementos a personal de su Secretaría General "que colabora" con Salud Laboral, en cantidades que alcanzaron los 29.950, 55 euros, correspondientes a 2009, y los 61.300 euros, de 2010, que desde agosto de ese mismo año se daba ya por alcanzados los objetivos y por tanto se procedía a premiar a los supuestos participantes en el programa específico contra el fraude de las bajas.

En cantidades mucho menores, los pluses de productividad alcanzaron a personal específico de las Áreas de Salud de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma, cuyas cuantías globales superan los 43.000 euros, distribuidos en pequeñas cantidades entre 800 y 1.500 euros según el destinatario del premio.

Por contra, personal de las direcciones generales de Recursos Económicos y de Recursos Humanos, en teoría ajenos a las labores de inspectores médicos de Salud Laboral -como el propio personal de la Secretaría General- percibieron en total unos 75.000 euros.

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