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El "fraude" de la política social canaria

HABLAN DE RESIGNACIÓN ANTE LA CRISIS

El sindicato asegura que "mientras otras regiones reaccionaron a tiempo ante una situación trágica para todos, en Canarias, el Gobierno no es que tenga un modelo fallido, es que hay una ausencia de modelo".

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El sindicato Comisiones de Base de Canarias (Co.Bas) ha pedido este jueves la dimisión de la consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Inés Rojas, porque considera que sus políticas sociales son "un fraude" y que muestra "resignación" ante la situación de las islas.

A través de un comunicado, Co.Bas ha recordado que el archipiélago es una de las regiones con mayor desempleo de Europa y que la pobreza ha aumentó en las islas un 21 por ciento entre los años 2008 y 2011, más que en cualquier otra comunidad autónoma española.

"Mientras otras regiones reaccionaron a tiempo ante una situación trágica para todos, en Canarias, el Gobierno no es que tenga un modelo fallido, es que hay una ausencia absoluta de modelo", ha agregado el sindicato.

En esa línea, Co.Bas ha agregado que sólo el cambio de nomenclatura, de Bienestar Social a Políticas Sociales, evidenció una renuncia al bienestar y la apuesta por la acción política a secas, "aunque no ha logrado revertir, mejorar o ni siquiera paliar en algo porque se trata de políticas fraudulentas".

Para el sindicato, la reunión que ha convocado Inés Rojas con los directores generales, los jefes de servicio y el secretario general técnico es la prueba de que se trata de una Consejería "sin rumbo en una búsqueda desesperada por salvar la cabeza de sus dirigentes".

"También lo prueba la reacción que tuvieron respecto al Plan contra la Pobreza que presentó Nueva Canarias en el Parlamento regional, sin la presencia de Rojas. CC votó en contra y, cuando se dio cuenta del error, (el presidente del grupo parlamentario, José Miguel) Ruano, ni siquiera un primer espada, dijo que se va a reconsiderar", ha subrayado Co.Bas.

A su juicio, merece un capítulo aparte la situación de las ayudas a la dependencia, con más de 30.000 solicitantes a la espera mientras el Ejecutivo regional gastó 1,4 millones de euros -pagados a una empresa privada- en una aplicación informática por no aceptar la ofrecida por el Estado y que, además, "falla de forma continuada".

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