El sindicato Co.bas denuncia una contratación “a dedo” en el área de Menores del Gobierno canario
La sección del sindicato Co.Bas Canarias en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, denuncia este lunes la adjudicación por la vía de la contratación directa de 18.000 euros de un curso online a una empresa privada. Juan Rodríguez, portavoz de la sección, recuerda que esta cuantía es el máximo que establece la ley para las adjudicaciones “a dedo”.
Rodríguez asegura que este curso venía desarrollándose durante los últimos años tras finalizar el curso escolar y la consejería lo impartía con recursos propios. A partir de este año, añade, los trabajadores de las escuelas infantiles tendrán que realizarlo “de obligado complimiento” y además lo tendrán que hacer con recursos informáticos propios y en turno de tarde, ya que por la mañana se encuentran en las escuelas atendiendo a los menores.
Para Co.bas Canarias, se trata de un nuevo “escándalo” en la gestión de los recursos públicos, y recuerda que la Consejería dispone actualmente de 1.500 profesionales que pueden impartir, a día de hoy, cualquier oferta formativa, especialmente disponiendo de un campus virtual habilitado ya para la formación en línea del personal, así como de diversas aulas de informática en ambas provincias.
El sindicato asegura que el director general de Dependencia, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias convocó una reunión por videoconferencia con los comités de empresa de las dos provincias, además de un grupo de asesores, de personal de escuelas infantiles y de la empresa contratada.
El portavoz añade que el propio director general no asistió a dicha reunión y dejó “al pie de los caballos” a sus asesores y al personal docente de la Consejería, que fueron descalificados por los representantes sindicales presentes, pero “sin que de nada sirviera ya que el curso se ha asignado por la vía de la adjudicación directa”.
Co.Bas Canarias destaca que no es la primera vez que esto se produce ya que en marzo de 2012 se dio un caso idéntico cuando el mismo director general adjudicó a dedo contrataciones a empresas privadas para realizar labores que en algunos casos ya lleva a cabo el personal de la Consejería.
