El Cabildo ya detectó en 2011 el caos contable
El caos contable del Cabildo de Gran Canaria sobre sus centros de acogida de menores tutelados mediante convenio por diversas ONG no es nuevo. La Intervención General de la Corporación ya advirtió en 2011 por medio de informes de auditoría del desfase a la hora de abonar a las entidades colaboradoras los importes fijados por plaza y día, como alertó desde un año antes, primero a la Casa Palacio y después ante la Fiscalía Provincial y los juzgados de instrucción, el exjefe del Servicio de Asuntos Sociales, Rafael Ramírez.
Solo una de esas auditorías concretas, la realizada a la Fundación Canaria Sociosanitaria sobre el ejercicio de 2009, detectó que en sus doce centros de acogida hubo casi 6.000 estancias por debajo de las conveniadas. En concreto, 5.979 veces menos que lo recogido por convenio. El pago a las entidades se establece por plazas conveniadas y la cantidad abonada por el Cabildo a la Fundación fue de 3.156.270 euros, pero si se hubiese realizado el pago por la ocupación real de plazas, se tendría que haber gastado solo 2.708.056 euros.
El desfase a favor de la entidad colaboradora alcanzó la cantidad de 448.214 euros, que según ha podido saber este periódico nunca ha sido reclamada desde la administración pública. Y es que como denuncia la última auditoría externa de noviembre pasado encargada por el Cabildo que todavía no se ha hecho pública, la falta de fiscalización por parte de la administración del número real de plazas ocupadas a lo largo del año por cada centro lleva a pagar el total de las fijadas por convenio sin que se sepa realmente si han estado ocupadas al 100%.
En este caso concreto de los centros de la Fundación Canaria Sociosanitaria, y solo a lo largo de 2009, los desfases oscilaron entre las 72 estancias menos que tuvo el centro Cachivache, en Portada Verde (Santa Brígida), destinado a niños entre 4 y 13 años “normalizados”, a las 2.552 estancias de menos que hubo en los centros de menores inmigrantes de El Fondillo, lo que supuso la mayor parte del importe extra cobrado, 199.056 euros de los casi 450.000 euros, o los centros femeninos “conflictivos” de Tara y Tara Guía, con casi 900 estancias menos cada uno y cerca de 70.000 euros cobrados de más en cada caso.
La propia auditoría firmada por la jefa del Servicio de Control Financiero, Mónica Montenegro, explica lo que viene a corrobar la fiscalización previa externa de noviembre de 2012 realizada por encargo de la que fuera consejera de Asuntos Sociales Rosa Rodríguez (PP): los datos “reales” de la ocupación de las plazas han sido facilitados por la entidad colaboradora, sin que el Cabildo grancanario tenga manera de “verificar si los mismos son ciertos”, ya que carece de un registro diario de los menores y el tiempo exacto que residen en cada centro.
Para saber, mediante este tipo de auditorías internas que se empezaron a realizar en 2011 a raíz de la denuncia investigada todavía por el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, el número real de las plazas ocupadas y poder corregir las cifras que figuran en los convenios con cada ONG en función de las necesidades reales, los centros se basan en un cálculo promedio semanal o mensual, y se excluye si algún menor se encuentra fugado u hospitalizado.
Sin embargo, este diario no tiene constancia de que desde el Cabildo de Gran Canaria, tras la fiscalización de este importe extra en el caso de 2009 a la Fundación Canaria Sociosanitaria, se hay procedido a reclamar la devolución del mismo. En todo caso, la auditoría fechada el 4 de marzo de 2011 observa que en todos y cada uno de los centros se ocuparon menos plazas de las conveniadas, resaltando de nuevo que “no se puede saber a ciencia cierta la cantidad de menores y el número exacto que se encuentran diariamente en los centros”.
La propia Intervención General indicaba en esta primera auditoría posterior a las denuncias del exjefe del Servicio de Asuntos Sociales que, aunque el pago a las entidades colaboradoras se produzca al principio de cada trimestre y según el número de plazas de cada centro que figura en el convenio, “no es óbice para que exista, por parte del servicio de menores, un seguimiento exhaustivo de las plazas ocupadas en cada centro en todo momento”.
Las conclusiones a la que llega la Intervención General tras detecta la diferencia en contra del Cabildo de 448.214 euros es que se debía revisar el convenio con esta entidad modificando el criterio del pago por plaza conveniada por el pago en función de la ocupación, circunstancia que nunca se ha llevado a cabo, ya que el Cabildo ha seguido prorrogando esos convenios de 2009 cada año hasta la actualidad, con la consiguiente falta de cobertura legal que ya alertara la auditoría externa que permanece oculta en la Casa Palacio desde noviembre de 2012.
