El Cabildo de Tenerife suspende uno de los contratos del Circuito del Motor tras la resolución del Supremo

El Cabildo de Tenerife suspenderá ''de forma parcial y provisional'' uno de los contratos del Circuito del Motor. En concreto, se trata del relativo al Proyecto de Explanaciones e Instalaciones Desmontables, uno de los cuatro en los que se dividió la obra. La decisión llega después de que el Tribunal Supremo desestimara el recurso interpuesto por el Cabildo contra la sentencia que confirmó la nulidad de este proyecto y que concluía además que la declaración de impacto ambiental del Circuito estaba caducada.

''En este momento, se está valorando la providencia del Tribunal Supremo por la que se establece la inadmisión del recurso de casación presentado en relación con este procedimiento'', detallan desde la corporación que preside Rosa Dávila (Coalición Canaria). La resolución del Alto Tribunal es firme e inadmite a trámite el recurso de casación por ''falta de fundamentación suficiente'' y ''carencia de interés casacional objetivo''. Además, impone a la corporación insular el pago de las costas procesales hasta un importe máximo de 1.000 euros.

Sobre la paralización del resto de la obra, que ocupa 650.000 metros cuadrados de suelo en el municipio de Granadilla, el Cabildo ''está a la espera de que los tribunales se pronuncien sobre los otros tres procedimientos judiciales que aún se encuentran pendientes de resolución''. Las partes del proyecto que aún están pendientes de resolución judicial son el proyecto modificado de la fase 2 del acceso norte, la adaptación del Circuito del Motor al Plan de Defensa contra Avenidas y el Proyecto modificado de la pista de velocidad.

ATAN (Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza) ha exigido paralizar inmediatamente la obra completa, la restauración de los terrenos destruidos y la depuración de responsabilidades legales y políticas. El Supremo ha dado la razón a los ecologistas, que reivindican que el Circuito es ''contrario a la Ley'' al tener la declaración de impacto ambiental caducada y, por lo tanto, carecer de cobertura ambiental y legal.

''Nadie en el Cabildo puede decir que no lo sabía. Avisó ATAN en 2022, en el trámite de alegaciones, avisaron los propios técnicos del Cabildo, avisó el Defensor del Pueblo en enero de 2024, cuando advirtió de que el acta de replanteo de 2016 pudo ser un simple trámite para esquivar la caducidad. Avisaron los juzgados en primera instancia. Avisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en apelación. Y ahora sentencia el Supremo'', continúa ATAN.

Los ecologistas denuncian que, a pesar de todo, el Cabildo siguió adelante, ''tanto el de Rosa Dávila como el de Pedro Martín''. ''Siguió destruyendo territorio después de que el TSJC confirmara la caducidad, con el único objetivo de imponer los hechos consumados, destrozar la zona para que no quede nada y meter las máquinas antes de que llegara la última decisión de los tribunales'', critican.

ATAN denuncia que el Cabildo de Tenerife ha ''antepuesto un proyecto ilegal'' al medio ambiente y a las advertencias de jueces e instituciones. ''Este Cabildo es responsable de esta ilegalidad, del daño ambiental. Causado y del despilfarro de millones de euros de dinero público en una obra que todo el mundo sabía muerta'', concluyen.