Multados por ocupar una vivienda vacía del BBVA
Rosa hace una pausa antes de responder y suspira, se percibe un ligero temblor en su voz. “Me he quedado planchada, aún tenía algo de esperanza”. El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria le acaba de imponer una multa de seis euros diarios durante seis meses por ocupar, junto a su pareja y tres de sus hijos, todos menores, una casa vacía y en mal estado en el barrio de Lomo Apolinario, en la capital grancanaria. La vivienda es propiedad del BBVA y se encontraba deshabitada desde hacía años tras el desahucio de sus anteriores inquilinos.
El banco se ha negado a negociar en la vista previa que ha tenido lugar este lunes. Rosa (38 años) y Juan (45), apoyados por la plataforma Stop Desahucios Gran Canaria, habían propuesto a la entidad financiera normalizar su situación con el pago de un alquiler social. Ante la negativa del BBVA, en las próximas semanas deberá celebrarse el juicio que podría dejar en la calle a esta familia grancanaria sin recursos.
Rosa y Juan ocuparon el inmueble hace aproximadamente un año. “No teníamos otra opción”, justifica la pareja, que antes de entrar en la casa se cercioró de que pertenecía a un banco y no a un particular porque su intención era “no molestar”.
Él lleva tres años en el paro. Antes había trabajado en el sector de la construcción, como conductor e, incluso, recogiendo chatarra. Tras un traspaso, ella regenta desde hace dos meses un bazar con el que pretende sacar adelante a su familia. “De momento es todo deuda, no hay ganancia suficiente. Hoy mismo tengo que pagar 105 euros a Hacienda”, explica Rosa.
La pareja tiene dos hijos en común, uno de seis y otro de tres años. También vive con ellos una joven de 14 años, fruto de una anterior relación de Rosa. “Ella es la que peor lo está pasando, porque se entera de las cosas. Su padre está en Londres y quiere irse con él”, afirma. Su hija mayor, de 16 años, reside con sus abuelos.
Antes de decidir ocupar la vivienda, la pareja vivía de alquiler con los 426 euros que percibía Juan del subsidio por desempleo. Un embargo por la manutención de los dos hijos que tuvo con su anterior pareja fue el golpe definitivo a la maltrecha economía familiar. “No podíamos afrontar el alquiler. La dueña nos hizo una rebaja, pero tampoco llegábamos”, asevera Rosa.
Tras agotar la prestación, se quedaron sin ingresos. Después de tocar todas las puertas de las instituciones en busca de una solución, Rosa y Juan apenas han recibido ayudas económicas puntuales del Ayuntamiento en este periodo. A pesar de ello, han acometido una serie de reformas en la casa para solventar los problemas de humedades que afectaban también a la vivienda contigua. “Cuando entramos estaba fatal, muy estropeada. Hemos intentando mejorarla para pagar un alquiler social, porque el banco no se había molestado en arreglar los problemas con el vecino”, dice Rosa.
Desde la plataforma Stop Desahucios trabajan para evitar que la familia sea desalojada. Iván Llamazares, miembro de este colectivo, es el encargado de la negociación con los servicios jurídicos del banco. “La primera vez que hablé con ellos los vi receptivos, interesados por el caso, pero ahora no consigo localizarles. No es una negociación presencial, ellos están en Madrid, y eso complica las cosas. Si estuvieran aquí se podría llegar a acuerdos muy justos”, sentencia Llamazares, que remarca que la casa, al estar deshabitada, “estaba dando pérdidas al banco”.
Stop Desahucios también intenta encontrar una vía de escape para esta familia a través de los servicios sociales del Gobierno de Canarias, con quien se muestra muy crítico. “Su política en esta materia está siendo nefasta. Hay una emergencia habitacional para muchas familias mientras tenemos miles de casas vacías de promociones fantasmas, muchas de las cuales son adquiridas por el banco malo para que éste, a su vez, se las venda a los fondos buitre”, lamenta Llamazares.
