Pide una web a través del kit digital, pero tras cancelar el servicio publican una falsa con sus datos personales

Lucía (nombre ficticio a petición de la entrevistada) cuenta que estaba en una entrevista académica importante cuando su entrevistador, “una eminencia en su campo”, hizo un comentario algo extraño. Ella dice que respondió de modo casual. Pero él insistió con un gesto “como de sorna” sobre su perfil profesional que la descolocó. Solo unas horas más tarde cayó en la cuenta de “lo raro” que había sido ese mensaje. Y cuando buscó su nombre en Google, no lo podía creer.

Una página web a su nombre publicada sin su consentimiento hablaba sobre ella en primera persona, ofertaba servicios y cursos e incluía sus datos personales como su número de teléfono, DNI o dirección. En esa web se describe a Lucía, que ejerce como copywriter, como “una mujer, escritora, acompañante” que trabaja “con palabras, con intuiciones, con pausas”. Figura que es un espacio “para mujeres que sienten, piensan y crean en sintonía con lo natural”.

La página tiene una entrada de un blog personal con un texto muy íntimo que se presupone escrito por ella. También se ofertan cursos valorados en hasta 79 euros “para que puedas explorarte, aprender y crear desde un lugar auténtico”. Para “ayudarte a reconectar contigo, con tu voz y con tu propósito”. En la pestaña de aviso legal pone hasta que Lucía es la responsable de la web y que los contenidos publicados en ella “están protegidos como derechos de autor por la legislación en materia de propiedad intelectual”. Abundan imágenes aparentemente de stock y colores verde y blanco. Pocos dirían que se trata una página web que ella nunca autorizó.

La joven estaba interesada en contar con una web personal para integrar servicios, contacto, blog y otras funcionalidades que hasta entonces solventaba apoyándose en plataformas externas. Pero no así. Había sido beneficiaria del kit digital, un programa estatal financiado con fondos europeos para subvencionar la digitalización de autónomos y pymes que duró casi cuatro años, desde principios de 2022 hasta finales de 2025, y contó con un presupuesto de 3.400 millones de euros repartido en 858.000 ayudas.

Lucía contactó entonces con Orbidi, una agencia de marketing digital con sede en Canarias. Firmó con ellos un contrato valorado en 2.000 euros por la creación de una página web y presencia en internet. Y también acordó por 1.000 euros que la empresa se encargara de la tramitación de un nuevo ordenador para ella. Era la ayuda más popular del kit digital para autónomos. Eso lo hizo el 9 de abril de 2025. A partir de ahí comenzaron los problemas.

“Habiendo detallado todo lo que buscaba, recibí una respuesta descoordinada por parte de un montón de trabajadores que estaban muy perdidos. Me llegaron invitaciones a cuatro o cinco chats de WhatsApp, emails pidiéndome registrarme, bajarme una app, seguir pasos de no sé qué”, relata. “Una vez pasada la primera conversación con la comercial, y firmado el primer contrato, la comunicación se hizo una pesadilla, les pedía una cosa y me volvían a preguntar lo mismo varias veces”.

La joven expresó el 21 de abril que finalmente no deseaba aprobar el presupuesto para el desarrollo web, pero sí continuar con el envío del portátil. Lucía dice que no quería ceder nada de su trabajo a una agencia “tan desorganizada”. La normativa que regula el kit digital establece que cualquier acuerdo entre las partes solo es válido y tiene efectos “una vez realizada la comprobación de la conformidad” por Red.es, la empresa pública encargada de regular las condiciones del programa. Y Lucía destaca además que en el contrato firmado con Orbidi ponía que, de no realizarse servicio alguno, las partes “podían irse sin más”. Admite eso sí que no lo recuerda exactamente y que los términos y condiciones de la firma ya no los puede ver (cuando intenta hacerlo, le saltan los aprobados para contratos a partir del 15 de mayo).

Semanas después de cancelar el servicio, la joven continuó recibiendo “numerosos correos electrónicos y llamadas” de la empresa, incluso un borrador de una página web que incluía sus datos personales. Lucía volvió a pedir el cese inmediato de las comunicaciones. Y la compañía le contestó que su baja estaba “en tramitación”. Eso fue el 7 de mayo. Casi dos meses más tarde, el 2 de julio, descubrió que la página había sido publicada igualmente con información falsa. Orbidi le reconoció que su “solicitud de baja se gestionó, pero el error fue que no se dio de baja la web”. La joven decidió no interponer denuncia tras la eliminación de la página. Algunos de sus datos permanecieron indexados en Google durante meses, causándole más de un dolor de cabeza.

“A nivel profesional no hubo daño directo, afortunadamente, porque tuve mucho ojo con la información que compartí con ellos desde el principio. (…) Sin embargo, fue claramente vergonzoso y frustrante ver cómo mi perfil académico (que me llevó muchos años construir, donde la coherencia y el rigor lo son casi todo) quedó mezclado con todo eso justo cuando ya estaba llegando a un sitio importante”, remacha Lucía. “Estoy contenta de que haya pasado, me costó lucharlo un montón y al final la empresa reconoció su error”.

Canarias Ahora envió un cuestionario de preguntas a Orbidi vía email y también por WhatsApp, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje, no ha obtenido respuesta.

El caso de Lucía ilustra el “salvaje oeste” en que se convirtió el mundo del marketing digital tras la aprobación del kit digital, según fuentes del sector consultadas. Una plataforma de afectados en Facebook recoge testimonios de decenas de personas que amenazan ahora con presentar demandas colectivas contra algunos de los llamados agentes digitalizadores, las empresas autorizadas por el Gobierno nacional para ofrecer los servicios informáticos del programa.

Hay quienes denuncian no haber recibido nunca el ordenador que reclamaron, que dicen que las webs entregadas son de mala calidad o que se sienten directamente estafados. El balance oficial del plan detalla que el 88% de los beneficiarios de las ayudas afirma no haber tenido problemas y que la puntuación media de las empresas es de 8,02 sobre 10. Pero el sentir dentro del sector es otro. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha recibido “alguna reclamación”.

“[El kit digital] ha servido como excusa para muchas empresas para crear productos a sobrecoste”, reflexiona Carlos Sánchez, de ‘El SEO Técnico’. “Quien ha encontrado la forma de rentabilizarlo ha sido el que ha vendido webs que en el mejor de los casos podrían valer 800 euros al precio mínimo de 3.000. Al final al cliente [el beneficiario de la subvención] le sale gratis, por lo que para muchos su modelo de negocio ha sido hacer muchísimas páginas con los mismos patrones a bajo coste”.

En esta línea ahonda Rafael Pavón, coordinador de páginas web en la empresa Ideaweb. Admite que el programa “nació como una buena idea”: impulsar la digitalización de pymes y autónomos tras la pandemia. Pero cree que ha estado “mal ejecutada” por la implantación de “requerimientos laxos” a la hora de medir la calidad de los agentes digitalizadores. Señala que solo se verificaban “criterios cuantificables, no la calidad” (se pedía tener una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores), y que “eso ha dado pie a multitud de páginas web de terrible diseño, sin ningún criterio estético y con una arquitectura de contenidos deficiente e inexistente”.

También se critican los “retrasos” en los pagos por parte de la administración que hicieron huir a muchos profesionales, dejando el campo libre a agencias cuya prioridad era “conseguir clientes, cubrir el mínimo y conseguir más clientes”.

“Nos referimos a los autónomos que pidieron el kit de 2.000 euros para una web, por ejemplo, y luego les han dejado tirados. O los que al menos tuvieron la web, pero con un resultado que ni siquiera les representaba… Webs atropelladas, sin diseño ni arquitectura de información y entregadas con presión”, resume Pavón.

Para las fuentes, los “claros ganadores” han sido grandes compañías que, sin ser especialistas en diseño web, actuaron como intermediarios para captar la lluvia de dinero repartida (el periódico 'El Confidencial' reveló que dos de los tres agentes más contratados entre abril de 2022 y septiembre de 2023 fueron Vodafone y Orange). El medio ‘El País’ llegó a documentar el caso de una empresa que operaba como una “fábrica de webs baratas” subcontratando el trabajo en países como Venezuela por apenas 61 céntimos por página. Los “perdedores”, en cambio, han sido los que se dedicaban a esto anteriormente.

“Nos han reventado los clientes. Nadie del sector puede luchar contra el Gobierno ‘regalando’ dinero para tu web”, lamenta Pavón. Aquellos que tenían “webs funcionales” y que se vieron arrastrados por la fiebre del kit digital para actualizarla también se vieron perjudicados, agrega Sánchez. “Ha sido un auténtico drama. [Conozco] un negocio cuya pérdida [de posicionamiento en internet] fue tal que no pudo costearse una recuperación, ya que ni tenían copias de seguridad ni se las proporcionaron, por lo que se arruinaron por completo. En mi empresa era habitual que nos llegasen clientes para resolver problemas tan graves como este debido al kit digital”.

Miquel Serrat, de 'The Webmaster', insiste en que “la idea original era, sin duda, buena: España está a la cola de la Unión Europea en materia de digitalización de empresas y autónomos, y una subvención podía ser una buena forma de impulsar ese cambio”. Argumenta que “el problema no ha estado en el programa en sí ni en su gestión por parte de la administración pública, sino en muchas de las agencias acreditadas que han participado en su ejecución”.

“Lo más preocupante es que numerosos beneficiarios del kit digital desconocen que la web que les han creado es deficiente”, lamenta. Y eso, en su opinión, tiene consecuencias: “La web es el eje central de la comunicación de cualquier negocio. Tener una deficiente equivale, en la práctica, a sabotearse a uno mismo”.