El primer fiscal de Extranjería sitúa su prioridad en los menores inmigrantes
Los menores extranjeros no acompañados y la situación de los centros de internamiento, la mayoría en Andalucía y Canarias, son las prioridades que tiene sobre la mesa el primer Fiscal de Extranjería nombrado en España, José Antonio Sánchez-Covisa, con 30 años de experiencia en la carrera fiscal.
En la primera entrevista concedida desde la toma de posesión de su cargo, Sánchez-Covisa confesó su enorme preocupación por los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, tanto por su situación como por el hecho de que su derecho a la asistencia jurídica “no se está cumplimentando”. En 2006, informó, se incoaron 1.300 expedientes de repatriación de menores -la mayoría de origen marroquí-, y se hicieron efectivas en 111 casos, mientras en enero y febrero de 2007 se repatriaron a tres.
Organizaciones no gubernamentales y fiscales especializados en extranjería ya han trasladado a Sánchez-Covisa sus quejas e “insatisfacciones” en torno a este asunto, que también ha generado preocupación en el Defensor del Pueblo y en el Consejo General de la Abogacía. El 26 de enero, el Consejo de la Abogacía denunció la falta de garantías “esenciales” en la repatriación de los menores, fecha en la que el Defensor del Pueblo recomendó a Inmigración establecer la obligación a que los menores sean oídos por la autoridad competente para decidir sobre su repatriación antes de dictarse la resolución procedente, y a realizar un análisis pormenorizado de cada caso.
“Creo que el menor tiene derecho a ser oído en unas condiciones determinadas, no basta con saber qué opina, sino que tiene que tener una posibilidad de defensa, de asesoramiento jurídico....”, recalcó Sánchez-Covisa, entre cuyos cometidos figura dar respuesta uniforme y coordinada a los sesenta fiscales especializados en esta materia. “Mi primera obligación -dijo- es velar por que el procedimiento, los derechos y las garantías, se cumplan rigurosamente”.
Estadísticas sobre delitos
Los próximos 16 y 17 de abril, Sánchez-Covisa ha convocado en Madrid una reunión con los fiscales de extranjería para abordar los “problemas más perentorios y ordenar los trabajos”, como el control e inspección de los centros de internamiento de extranjeros. La intención es diagnosticar la situación de estos centros, la mayoría de ellos ubicados en Andalucía y Canarias, detectar posibles carencias y elaborar un protocolo de inspección que unifique criterios para adoptar las medidas “que procedan”.
Otra de las funciones de la Fiscalía de Extranjería será obtener estadísticas “fiables” de delitos relacionados con la inmigración y delitos cometidos por extranjeros, pues “muchas de las opiniones contrarias a los inmigrantes parten de prejuicios que no tienen ninguna justificación basándonos en datos, no son verdad”, subrayó el fiscal, que tomó posesión de su cargo el 28 de noviembre pasado. Tras enfatizar que España se ha convertido desde el año 2000 en el segundo país del mundo en inmigración, después de EEUU, abogó por ayudar a los países de origen de los flujos, pero sin olvidar el necesario control de la inmigración ilegal.
En este contexto, el fiscal Sánchez-Covisa recalcó la necesidad de la integración social de los inmigrantes, que es la “única manera de evitar efectos de rechazo o de xenofobia”. En cuanto a la intervención del fiscal en el ámbito penal, Sánchez Covisa aclaró que comprende la persecución y control de la inmigración ilegal y las expulsiones de los extranjeros que cometen delitos castigados con menos de seis años de prisión.
