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La estafa de la Gran Marina

PRIMERO ELIGIERON A LOS EMPRESARIOS, LUEGO MONTARON EL PROYECTO

- El caso Isolux. En la transición entre las alcaldías de Soria y Luzardo, el Ayuntamiento adjudica a la empresa Isolux la construcción de dos módulos de desalación de mar por importe de 8 m

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- El caso Isolux. En la transición entre las alcaldías de Soria y Luzardo, el Ayuntamiento adjudica a la empresa Isolux la construcción de dos módulos de desalación de mar por importe de 8 millones de euros, a pesar de que la empresa ganadora era una de las peor clasificadas por los técnicos. Los módulos tardaron años en entrar en funcionamiento y aún hoy siguen siendo una auténtica ruina para el abastecimiento de agua de la ciudad.

- La Gran Marina. Una de las mayores estafas a los ciudadanos diseñada a mayor gloria del papanatismo faraónico de la ex alcaldesa Luzardo. Apoyándose en la Autoridad Portuaria y en el Gobierno de Canarias, por entonces participados por el PP, un grupo distinguido de empresarios fueron seleccionados para desarrollar un proyecto que ni siquiera se había redactado. Sobre unos planos del istmo de Santa Catalina, esos empresarios se repartieron el pastel con los políticos. Luego vino el famoso concurso de los arquitectos estrella que fue declarado ilegal por la Unión Europea y por el Ministerio de Fomento. Pepa Luzardo sigue luciendo una de las miles de pulseras verdes puestas en circulación para promocionar el invento. Sólo las pulseras costaron 30.000 euros.

- El caso Canódromo. La Justicia acaba de ratificar la nulidad de las licencias otorgadas a la constructora Realia para la construcción de dos torres de viviendas, locales y aparcamientos en la parcela que fuera canódromo, en el populoso barrio de Schamann. Pero la clave de este escándalo no sólo está en la concesión de esa licencia, basada en un Plan Parcial anulado, sino en el pelotazo inmobiliario que se produjo al inicio del expediente urbanístico con la empresa Precomsa-Urbacan. CANARIAS AHORA ha descubierto, además, que Australia Navarro tapó desde el Gobierno una orden de impugnación de ese Plan Parcial que hubiera frustrado toda la operación. Pepa Luzardo y Felipe Afonso El Jaber están imputados por prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria.

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