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La Justicia investiga a tres altos cargos del Gobierno de Canarias por dos parques eólicos

Los investigados son el consejero de Industria, Pedro Ortega, el viceconsejero Adrián Mendoza y el director general del área, Erasmo García, entre otros

Gas Natural está levantando molinos sobre unos terrenos que no son de su propiedad y sobre los que el Gobierno ha iniciado un expediente de expropiación

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Acceso a uno de los parques en el municipio grancanario de Agüimes.

Acceso a uno de los parques en el municipio grancanario de Agüimes. Alejandro Ramos

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias contra el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega; el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza; el director general del área, Erasmo García, y Gas Natural Natural Fenosa, entre otros, por la tramitación de dos parques eólicos situados en el sur de Gran Canaria.

El denunciante acusa a los mencionados altos cargos del Ejecutivo regional, además de al jefe del área de Energía de la Dirección General de Industria, Fernando Herrera, y a la asesora jurídica María del Pino de León, de haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación administrativa y urbanística y tráfico de influencias a favor de Gas Natural y su intención de poner en marcha las instalaciones eólicas.

Se trata de los parques denominados Balcón de Balos y Vientos del Roque, cuya instalación está prevista en las parcelas del mismo nombre ubicadas en el municipio de Agüimes. Las negociaciones llevadas a cabo entre la intermediaria de Gas Natural –  Benteay Srei S.L. y Lazagorta Telecomunicaciones S.L., que adscribió estos terrenos al cupo eólico autorizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo - y los dueños de las fincas, fueron denunciados el pasado mes de agosto ante la Fiscalía por uno de los propietarios.

Dicho propietario advirtió de la indefensión que sufren los dueños de los terrenos durante la negociación con las empresas interesadas en explotar la instalación. Sin embargo, el Ministerio Público no apreció delito.

El denunciante se oponía a los términos en los que Gas Natural pretendía instalar los molinos en los terrenos de los que es copropietario y cuyas parcelas se deben arrendar de forma proindivisa. Es decir, que el contrato de arrendamiento debía de contar con el beneplácito de todos los dueños.

Este aspecto suponía un problema para la compañía, que por ley debía cerrar la disponibilidad del suelo para poder instalar los parques. Ante esta situación de enroque y al contar con la ventaja de ser dos proyectos de interés estratégico para Canarias, los promotores iniciaron la vía de la declaración de utilidad pública, que se saldaría con la expropiación de la finca. Un expediente que comenzó a tramitar el Gobierno regional que, mientras tanto, aprobó la construcción de los parques.

Aprobado a pesar de los visos de nulidad

Según se desprende de la denuncia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, durante el procedimiento administrativo de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la implantación de los parques eólicos Balcón de Balos y Vientos del Roque, se han producido “diversas irregularidades”, con la presunta intención de favorecer a las empresas promotoras.

El copropietario explica que la primera de las supuestas irregularidades se produjo cuando la entidad intermediaria aportó a la Administración regional “una simulación de propuesta de acuerdo de derecho de superficie” que no contaba con el consentimiento de todos los dueños del suelo “dando una falsa apariencia de disponibilidad de la totalidad de cuotas proindiviso”.

El 20 de diciembre de 2016, el Gobierno regional declaró la utilidad pública de todo el terreno en una resolución que reconocía que los promotores no contaban con la disponibilidad del suelo por “acuerdo infructuoso con los propietarios”.

Sin embargo, asegura el denunciante que posteriormente la Administración dio por bueno el acuerdo alcanzado entre el resto de copropietarios - que representan el 98,5% del terreno - y Gas Natural y mantuvo “la expropiación únicamente respecto a mi cuota de proindiviso de la finca, lo que supone una flagrante irregularidad auspiciada por los denunciados”.

A pesar de haber advertido por escrito a la Consejería de la nulidad del contrato y de la imposibilidad de que se expropiara solo una parte de la finca, afirma que el 23 de febrero del presente año el jefe de área de Energía, Fernando Herrera, formalizó el acta de ocupación para la implantación de los parques. Todo ello “sin informe jurídico ni resolución previa que ampare esta actuación ilegal”.

Posteriormente, el denunciante envió dos escritos a la Dirección General de Industria y Energía en los que insistía en la ilegalidad de la expropiación y solicitaba la nulidad de la misma, ya que se centraba únicamente en el 1,4% de la titularidad de la finca.

En contra de la recomendación de una funcionaria

El afectado explica en una ampliación de la denuncia que, al revisar los mencionados escritos, la jefa de servicio de Coordinación Administrativa de la Dirección General de Industria, manifestó la procedencia de suspender los expedientes expropiatorios y retrotaer los mismos, para corregir los presuntos visos de nulidad.

Contraviniendo el criterio de la jefa de servicio, el viceconsejero de Industria y Energía, Adrián Mendoza, resolvió continuar con la tramitación de los expedientes. Algo que hizo, manifiesta la denuncia, “sin base en informe técnico ni jurídico”.

Evolución de las obras en uno de los parques sobre los parques afectados por el expediente denunciado.

Evolución de las obras en uno de los parques sobre los parques afectados por el expediente denunciado. Canarias Ahora

Aunque Gas Natural no cuenta con la disponibilidad del suelo, ya ha comenzado a implantar el parque eólico en esta zona de Agüimes. Cabe recordar que los trabajos que se desarrollan en las Islas para poner en marcha las instalaciones eólicas admitidas en el cupo eólico se desarrollan a gran velocidad, puesto que solo cuentan con dos años para culminar.

“La Administración ha hecho caso omiso a las advertencias de nulidad radical y ha adoptado decisiones en el marco de los expedientes administrativos presuntamente constitutivas de delito”, incide la denuncia.

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