Nueva Canarias lleva a la Fiscalía la “gestión partidista” de los Recursos Humanos de Mogán

Ayuntamiento de Mogán (ALEJANDRO RAMOS)

Iago Otero Paz

Las Palmas de Gran Canaria —

La concejala de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Mogán, Isabel Santiago, ha llevado a la Fiscalía lo que a su juicio es una “gestión partidista” de los Recursos Humanos en el Consistorio grancanario.

Santiago presentó un escrito el pasado 16 de marzo en el que, entre otras cosas, advierte de que existen indicios suficientes para acreditar que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, “podría estar utilizando la administración local para colocar y premiar a sus más allegados”.

La representante de NC pone de ejemplo un pleno del 27 de agosto de 2015 en el que Bueno expresó “de forma clara y precisa que algunos de los funcionarios a los que se les incrementó el sueldo a través de una modificación de su complemento específico eran simpatizantes de su partido político”.

La concejala en la oposición recalca que tanto estos funcionarios como sus familiares directos han participado en el proceso selectivo de la práctica totalidad de las plazas convocadas a través de la fórmula de las listas de reservas. “A modo de ejemplo podemos señalar la composición del tribunal de la plaza del conductor de primera, en la que el presidente era el primo hermano de la alcaldesa, el secretario era el hermano de la alcaldesa y uno de los vocales titulares es la actual pareja de la alcaldesa”. Así mismo, la política nacionalista recuerda la sentencia del pasado 9 de marzo en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria advertía al Ayuntamiento que no podía nombrar para los puestos vacantes “a la persona que quiera sino que deberá nombrar a la persona que reúna la capacidad y los méritos para ello”.

Aparte, también agrega en su escrito Santiago la información publicada por este periódico en la que la Fiscalía denunciaba a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno; a la concejala de Régimen Interior, Alba Medina; y al concejal de Hacienda y Contratación, Julián Artemi Artiles; como presuntos autores de un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos debido a la contratación a dedo de un conserje a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) en vez de acudir a las listas de reserva. Santiago apunta que la alcaldesa “mintió descaradamente” ante el Ministerio Público al negar que tenía conocimiento a que con anterioridad se hubiese contratado personal municipal a través de una ETT “toda vez que ella mismo firmó un decreto con el que contrataba con Personal 7 ETT (...) un auxiliar de información turística por un periodo de seis meses”. Además, la titular de esta citada empresa es la suegra de una sobrina del actual concejal de Limpieza, Juan Carlos Ortega, un dato que para Santiago “supondría la existencia de un vínculo más estrecho entre la ETT y la alcaldesa, ahora reforzado por la relación con otro concejal de gobierno”.

También pone como muestra de la mala praxis en el área de Recursos Humanos las intenciones del concejal del área, Mencey Navarro, “de utilizar la excepción que establecía la ley de los presupuestos generales del Estado para convertirlo en norma y propiciar las contrataciones del personal en todas las áreas del Ayuntamiento”, lo que, para el Interventor del Ayuntamiento “supone ir contra el espíritu de la ley que quiere establecer una serie de prioridades para limitar la contratación temporal. Hasta ahora se hacía a través de un acuerdo individual en el que se justificaba la necesidad concretar, pero considerar todo prioritario es una contradicción con el mandamiento legal”.

Añade Santiago en su escrito las declaraciones realizadas en una entrevista en Canarias 7 del anterior concejal de Recursos Humanos, Domingo Rodríguez, quien dijo que “a su juicio, se está actuando con venganza contra los que no son de la cuerda política y si no se reconduce terminará estallando un conflicto laboral”.

Por último, Santiago agrega que “por parte de la alcaldesa se produce un boicot a la labor fiscalizadora de la dicente como concejala de la oposición, pues el 14 solicitó el acceso y copia de todos los expedientes de contratación de personal, incluyendo el de la ETT de referencia y el de auxiliar de biblioteca de la empresa Mogán Socio-cultural, y al día de la fecha no ha recibido nada”.

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