El CGPJ abre expediente a Victoria Rosell por una denuncia de un amigo del juez Alba sobre unos hechos de 2013
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto este lunes un expediente disciplinario a la magistrada Victoria Rosell por una denuncia presentada por el abogado Eduardo López Mendoza, a quien la magistrada imputó en al menos dos causas, en relación a unos hechos de 2013. El Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, concluye que Rosell pudo incurrir en una falta muy grave de desatención por intervenir en la tramitación de un procedimiento judicial en el que había sido recusada por el letrado.
López Mendoza denunció a Rosell ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas cuando la jueza era diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas. Tres años después, por lo tanto, de que se produjera la supuesta infracción por la que ahora han expedientado a la magistrada y seis después de que se iniciara la causa por la que el letrado había sido imputado. En fechas cercanas a la presentación de esta denuncia contra Rosell, el magistrado Salvador Alba se había reunido con Miguel Ángel Ramírez para fabricar una declaración contra la jueza y había remitido al órgano de gobierno de los jueces un informe sobre las supuestas irregularidades cometidas por la jueza durante la instrucción de la causa contra el empresario. En el foro judicial es de general conocimiento la relación de amistad entre Alba y López Mendoza.
Los hechos que han desembocado en la investigación disciplinaria a Rosell se remontan al año 2010, a la denuncia presentada por la abogada Miriam González contra López Mendoza por un presunto delito patrimonial. El procedimiento recayó en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que es titular Rosell. El 26 de septiembre de 2013, el abogado investigado presentó un escrito de recusación contra la jueza. Aseguraba que existía una animadversión hacia él por parte de la pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, que tiempo atrás había reclamado al empresario José Miguel Suárez Gil, uno de los clientes de López Mendoza, el pago de las costas procesales por un pleito anterior.
En noviembre de 2013, dos meses después de la presentación del incidente de recusación, Rosell acordó su inadmisión, aunque dispuso que fuera otro magistrado, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la capital grancanaria, quien continuara la tramitación de las diligencias penales hasta que la Audiencia Provincial de Las Palmas resolviera la petición del abogado. Un año y medio después, en mayo de 2015, la Audiencia rechazó la recusación y devolvió las actuaciones al juzgado de Rosell.
Esta actuación llegó al CGPJ el pasado 8 de abril a través de una comunicación de la Fiscalía del Supremo, que a su vez había recibido de la Fiscalía Provincial de Las Palmas el escrito de López Mendoza. El abogado denunciaba a la magistrada por los delitos de falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación, retardo malicioso en la tramitación de una causa judicial y contra el ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la Constitución. Por los mismos hechos López Mendoza interpuso una querella contra la jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no la admitió a trámite.
La Fiscalía del Supremo archivó la denuncia sin tan siquiera incoar diligencias de investigación, al no ver indicios de un ilícito penal, pero la remitió al CGPJ por si de la actuación de Rosell pudiera derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.
El CGPJ señala en su acuerdo que. entre los días 6 de noviembre de 2013 –fecha en la que la jueza inadmitió la recusación- y 14 de mayo de 2015 –fecha en la que la Audiencia devolvió las actuaciones al Juzgado-. “la magistrada Victoria Rosell intervino en la tramitación de la causa en que había sido recusada estando pendiente de resolución el incidente que ella misma acordó remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”. Esa intervención se produjo “concretamente en las comparecencias para declaración del investigado Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11 y 28 de noviembre de 2014”, añade el promotor.
La resolución ha sido ya notificada a la magistrada expedientada, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del Estado.
Denuncia por mensajes “amenazantes” a Ramírez
López Mendoza también denunció en mayo de 2016 a Victoria Rosell ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por el supuesto envío de mensajes de texto amenazantes de la jueza al Miguel Ángel Ramírez, presidente de Seguridad Integral Canarias. El abogado alegó que tenía “en alta estima” al también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y que por eso la denunciaba.
El empresario presuntamente amenazado declaró que aquello era un montaje. Así, al ser preguntado por un periodista sobre la cuestión, respondió: “Si yo recibiera amenazas de alguien no necesito que alguien denuncie, ya lo haría yo”.
Esta denuncia tampoco fue admitida a trámite por la Fiscalía.
