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Aparece por fin el escrito de la fiscal en el que pide el sobreseimiento de Clavijo

Anticorrupción solicita que se declaren nulas las escuchas a partir del 21 de septiembre de 2010 que afectan a los posibles tratos de favor a dos vecinos de Las Chumberas, a la apertura de un bar en La Cuesta y a las actas sobre dos pub del principal encartado, Evaristo González

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la nulidad de todas las escuchas telefónicas y otras comunicaciones telemáticas, así como de las pruebas derivadas de las mismas en el periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2010 a las 23,59 horas, hasta el 21 de octubre a las 23,59 horas, por no haber ni rastro del auto judicial que autorizó en ese tiempo los pinchazos a varios de los imputados en el caso Corredor, entre ellos, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria, Fernando Clavijo. 

Por ello, la fiscal María Farnés Martínez ha solicitado el sobreseimiento provisional de los posibles delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias que pesaban sobre Fernando Clavijo por la concesión irregular de una licencia de apertura a una cafetería en La Cuesta, y las dos ayudas para realojo, también supuestamente irregulares, a la concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, María José Castañeda, y al asesor municipal y presidente de la federación de asociaciones de vecinos de Aguere, Ricardo González. 

La nulidad de las escuchas durante ese mes entre septiembre y octubre de 2010 hace caer lo que se conoce como pieza separada número 22 del caso Corredor, pero la fiscal extiende la nulidad a todas las pruebas obtenidas a partir de entonces, por lo que solicita que queden sin efecto las escuchas posteriores a octubre, incluso teniendo autorización judicial, ya que se derivan de las escuchas ilícitas. 

Así, solicita que queden sin efecto las pruebas obtenidas en noviembre de 2010 y febrero de 2011. 

No sólo se pide el sobreseimiento provisional (que no es sobreseimiento libre o definitivo) de los tres casos mencionados, sino que también se vienen abajo los posibles tratos de favor al empresario Evaristo González Reyes y su “mano derecha”, el presidente de la Fecao, José Antonio Santana, en relación a las actas incoadas al pub El Palco y a la orden de precinto del pub Utopía. 

El sobreseimiento provisional que pide la fiscal, por tanto, es por estos hechos punibles para Fernando Clavijo, Blanca Pérez, Ricardo González, María José Castañeda, la técnico Aymara Calero (prevaricación), Francisco Barreto (licencia de apertura de un bar en La Cuesta), José Antonio Santana y Evaristo González Reyes. 

En su escrito, la fiscal argumenta que el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones solo puede ser alterado en función de la prevención o persecución del delito, pero con el juez como garante de los derechos constitucionales para la autorización de las escuchas. Para ello tiene que haber una resolución judicial, suficientemente motivada, dictada por juez competente, en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional, con una finalidad específica que justifique su finalidad.

Cabe recurso

En la instrucción del caso Corredor hay dos autos de autorización de las escuchas desaparecidos. Uno es el inicial que dio origen a todas las intervenciones, dictado en abril de 2010 y que ha podido ser reconstruido, y el segundo es este de prórroga de las escuchas, que debió dictar la juez sustituta en septiembre de ese año, Matilde Flores Esquives, del que no queda constancia y que no ha podido ser reconstruido. 

La fiscal sostiene que al no haber resolución judicial para esas escuchas entre septiembre y octubre, tampoco se sabe si esa resolución estuvo suficientemente motivada “por lo que no podemos entender como válida  constitucionalmente la intervención telefónica efectuada durante ese periodo. 

Este es el escrito de Fiscalía del que se tenía conocimiento hace tres semanas pero que no transcendió porque coincidió con la admisión a trámite de la querella interpuesta por el principal encausado en el caso Corredor, Evaristo González Reyes, contra el magistrado instructor Cesar Romero Pamparacuatro por retardo malicioso, falsedad de documento oficial e infidelidad en la custodia de documentos, lo que ha llevado a que el juez se aparte del caso. 

En la actualidad, la instrucción está suspendida hasta que se designe la jueza que deberá tomar las riendas de la misma, si la titular de Instrucción 4 en La Laguna, o la titular de Instrucción 3. La que sea designada deberá dictar el auto de sobreseimiento si así lo considera, ya que este escrito de la fiscal puede ser recurrido por la acusación particular que ejerce desde hace mes y medio el denunciante Carlos Calderón.

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