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El Parlamento aprueba que La Palma, El Hierro y La Gomera tengan “un modelo turístico que permita su desarrollo económico”

El nacionalista Antonio Castro defendió la modificación de la Ley 6/2002 como “una oportunidad de poner en valor los activos paisajísticos y artísticos”.

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Antonio Castro defendió la Ley en el Parlamento.

Antonio Castro defendió la Ley en el Parlamento.

El Parlamento de Canarias ha aprobado esta tarde la modificación de la Ley 6/2002, propuesta por el Cabildo de La Palma, y que afecta al desarrollo de la actividad turística en La Palma, La Gomera y El Hierro con los votos en contra de Nueva Canarias y Podemos, fuerzas que no tienen representación en ninguna de estas tres islas, según informa en nota de prensa el Grupo Nacionalista. 

Por el Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) defendió esta modificación el diputado palmero Antonio Castro Cordobez, que se felicitó por el consenso logrado en sede parlamentaria para conseguir que estas islas “tengan un desarrollo compatible con la conservación de la naturaleza y basado en la puesta en valor de sus activos históricos, paisajísticos, artísticos y monumentales”. 

En este sentido, dicen, “la nueva ley permitirá materializar las actuaciones vigentes contenidas en el Plan Territorial de Ordenación Turística de La Palma, aprobado en 2008, y que son solo 9, no 33 como han manifestado Nueva Canarias y Podemos”, explicó el diputado, así como “proceder a la ordenación desde el planeamiento insular de suelos urbanizables de uso turístico de trascendencia insular”. 

Recuerdan que “esta normativa, que permite 6 hoteles temáticos y tres campos de golf en La Palma, no viene a arrasar nuestro paisaje, bien al contrario es la fórmula más benigna para complementar las bajas rentas del sector primario permitiendo la construcción de pequeños alojamientos en suelo rústico para garantizar y complementar las rentas agrarias garantizando un futuro a los jóvenes, desde el cumplimiento escrupuloso de la legalidad básica estatal, en cuanto a la cuestión de impacto ambiental, y a la legislación europea”, precisó Castro Cordobez. 

“La Palma tiene el 86% de su suelo protegido y el desarrollo turístico previsto solo supondría la ocupación del 1%. La modificación de la Ley 6/2002 era de imperiosa necesidad dado que no obró los efectos dinamizadores esperados: como ejemplo sirva tan solo las 164 camas construidas en 14 años en La Palma, lejos de las 8.000 previstas y que incrementaría la oferta actual de 9.000 existentes hasta 17.000 y cuya construcción ha de iniciarse, en el marco de las actuaciones vigentes, en un plazo de dos años”, señaló. 

La Ley, precisan, “persigue agilizar y simplificar la gestión administrativa y dotar de plenas competencias a los Cabildos para la declaración de interés insular de las actuaciones”. Su tramitación servirá “para dar respuesta a las ilusiones y demandas de los ciudadanos que están detrás de una iniciativa que, impulsada por el Cabildo de La Palma, ha sido completada y perfeccionada por nuestro Parlamento, que es competente para legislar sobre la Ordenación del Territorio tal y como establece nuestro Estatuto”, concluyó. 

En esta línea también se ha manifestado Belén Allende que no entiende cómo puede haber una oposición tan frontal contra esta Ley que permite “adaptar el  límite de la oferta alojativa a las características de las diferentes zonas e iniciativas de inversión, sin tener que esperar porque se haya superado el cupo establecido para un año o zona y perder la oportunidad económica de esa iniciativa”. 

En definitiva, según el Grupo Nacionalista, esta Ley “abre posibilidades reales para un desarrollo económico equilibrado a través de un modelo económico diversificado, que genere empleo y crecimiento económico evitando que los jóvenes tengan que buscar su modo de vida fuera de sus propias islas”.

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