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La fiscal general del Estado muestra su preocupación por la aplicación del 'papel cero' en la Justicia

La medida, que pretende implantar los trámites electrónicos en la administración judicial, debería entrar en vigor mañana en todo el territorio

Consuelo Madrigal muestra su preocupación por el “posible impacto que puede tener la inminente entrada en funcionamiento”

Varias comunidades autónomas han anunciado que no cumplirán con los plazos marcados por la ley de Enjuiciamiento Civil

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La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, en una foto de archivo. EFE

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha trasmitido al ministro de Justicia, Rafael Catalá, su preocupación por la aplicación a partir de mañana del 'papel cero' en la administración de Justicia. Según la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a partir del 1 de enero los juzgados estarán obligados a trabajar exclusivamente con medios electrónicos.

En una carta enviada al ministro el pasado 23 de diciembre y cuyo contenido ha publicado hoy la Cadena Ser, Madrigal muestra su "honda preocupación" por el “posible impacto que puede tener la inminente entrada en funcionamiento”.

Añade que no va a ser posible la aplicación de esta norma en toda España y que sólo se va a poner en marcha en el orden social y contencioso administrativo. El resto tendrán que esperar.

El texto, del que han recibido copia también los fiscales superiores de toda España, expresa la disposición de la Fiscalía para “facilitar una segura y ordenada implantación” de la medida, criticada por miembros de la administración de Justicia, y que no se implantará en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada a principios de septiembre, establece que a partir de el 1 de enero todas las comunicaciones y trámites judiciales deben hacerse de manera electrónica. Así, los jueces usarán el correo electrónico o los SMS para las notificaciones judiciales y todos los profesionales y los órganos judiciales tendrán que utilizar medios electrónicos para presentar sus documentos.

El Gobierno argumentó la necesidad de poner en marcha esta reforma para mejorar la eficiencia de la Administración de Justicia y la relación de ésta con los operadores jurídicos y los ciudadanos, pero se ha encontrado con las críticas desde diversos estamentos relacionados con la Justicia.

El Consejo General de la Abogacía, el Sindicatos de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), el Consejo General de Procuradores de España y Jueces para la Democracia (JpD) apuestan por la digitalización pero advierten de que no es un objetivo realizable para la fecha señalada, informa Efe.

El portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, afirmó hace unos días a través de su cuenta de Twitter que la puesta en marcha de esta media no se estaba desarrollando como estaba previsto.

De hecho, cuatro comunidades autónomas han anunciado ya que no podrán cumplir con los plazos marcados por la ley. Cataluña, Cantabria, País Vasco solo implantarán el 'papel cero' en algunos órdenes judiciales, mientras que Valencia no lo hará en ninguno porque no tiene la infraestructura necesaria.

Otros territorios, como Andalucía, Canarias o Aragón han advertido de que tendrán dificultades para convertir en telemáticas todas las comunicaciones que hasta ahora se hacían con papel.

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