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El caso Arona sentará a 17 acusados en el banquillo a partir del 12 de enero

La Audiencia juzgará una presunta trama de delitos urbanísticos y concesión de favores, a cuya cabeza se sitúa el exalcalde José Antonio Reverón

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Fachada del Ayuntamiento de Arona.

Entrada principal del Ayuntamiento de Arona

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife ha fijado para el próximo 12 de enero la apertura del juicio oral del caso Arona - 1, en el que durante, al menos tres meses, se sentarán en el banquillo diecisiete políticos, -ninguno de ellos en activo-, funcionarios y empresarios.

Las acusaciones apuntan a la comisión de los presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho.

A la cabeza de los acusados permanece el exalcalde, José Alberto González Reverón (CC), para el que se piden tres años de cárcel, 35 de inhabilitación para desempeñar cargo y empleo público, y una multa de 20.000 euros. Reverón cumple desde 2012 una pena de cuatro años y seis meses de inhabilitación para cargo público en la administración local por un delito continuado de prevaricación.

En los sucesivos casos Arona son cuatro los políticos en activo que permanecen en la actualidad como imputados: los concejales de CC, Carmelo García y Clari Pérez, Águeda Fumero del Partido Popular (PP), quien también es en la actualidad diputada nacional en funciones, y el consejero insular de Educación, Innovación y Tecnología, y portavoz de CC, Antonio García Marichal.

A principios de año se juzgará a la Junta de Gobierno Local del mandato 2003-2007 por presuntamente adoptar desde principios de 2004 y finales de 2006 alrededor de 300 acuerdos de concesión de algo más de doscientas licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad y 75 expedientes de contratación con informes en contra.

Las investigaciones tienen su origen hace casi una década y hasta 2011 estuvieron dirigidas por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Arona, Nelson Díaz Frías, quien en principio elaboró un lista de 30 imputados.

González Reverón está acusado de presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística, prevaricación y tráfico de influencias. Al exalcalde se le considera responsable de presuntamente conceder licencias contraviniendo la legislación vigente en urbanismo y emplear el cargo para obtener o conceder favores.

El sumario recoge acusaciones como autorizar construcciones ilegales, favorecer a empresas al otorgarle concesiones de forma directa, dar empleos públicos a familiares, amigos y conocidos, tanto en concesionarias como en el Ayuntamiento o haber mediado para retirar sanciones a allegados

Además del exalcalde, se sentarán en el banquillo los entonces miembros del gobierno municipal Antonio Luis Sosa Carballo primero de CC y luego de Unidos Por Arona, Félix Sierra Melo del Partido Popular (PP), Manuel Barrios Rodríguez de Centro de Arona, (CAN), Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán de CC y posteriormente de Los Verdes, José Luis González Rodríguez (CAN), y Alfonso Barroso Armas (CC).

Para ellos se piden dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 10 años por un presunto delito continuado de prevaricación y un supuesto delito continuado de prevaricación urbanística. A Sosa, por su parte se le suma la petición de otro año de cárcel y cuatro meses de multa 6.000 euros por supuesta malversación de caudales públicos.

Jorge Méndez aparece en las diligencias como el primer empresario que supuestamente pagó 1,2 millones al aparejador del Ayuntamiento de Arona, Roberto de Luis. Este funcionario también habría recibido de Zenón Rodríguez, cerca de 700.000 euros que suponen el 20% del presupuesto de la docena de proyectos que agilizó. La Fiscalía sospecha que el arquitecto Antonio Luis González abonó cerca de un millón de euros por obtener las licencias de obra.

Las sesiones del juicio oral se llevarán a cabo cada lunes, martes, y miércoles, con un descanso fijado para cada cuarta semana. La Audiencia ha creado dos piezas separadas del caso Arona – 1, de las cuales la primera comenzará a juzgarse en noviembre y afectaría al entonces cabo del Grupo de Información de Playa de las Américas, José Manuel Rodríguez, y al exalcalde por dos presuntos actos de tráfico de influencia.

El cabo se enfrenta a una petición de seis meses de prisión y 30.000 euros de multa, porque, supuestamente, ejercía como intermediario entre promotores y políticos para desbloquear la concesión de licencias con reparos de legalidad. Las escuchas telefónicas realizadas revelan que informó a algunos de los implicados del seguimiento de la investigación.

Sobre el que fuera dirigente del PP en Arona, Félix Sierra Melo pesa una petición de cuatro años de prisión y 500.000 euros de multa por presunto cohecho, además de un total de 21 años de inhabilitación, de los que diez serían por posible prevaricación urbanística continuada, ocho por cohecho y tres por negociaciones prohibidas con funcionario público.

La Fiscalía pide ocho años de prisión para Roberto de Luis, aparejador municipal, acusado de cohecho, condena que rebaja a seis años de prisión para el arquitecto municipal, Eliseo de la Rosa y el exedil de Urbanismo, Félix Sierra. A todos ellos se los señala por supuestamente cobrar comisiones ilegales para desbloquear y agilizar licencias urbanísticas.

El Ministerio Público pide ocho años de inhabilitación para cargo público para la entonces subinspectora de la Policía Local de Arona, Hortensia García, acusada de un presunto delito de prevaricación por mediar ante el exalcalde para favorecer a una persona en una oposición a agente de la policía que consiguió la última plaza. Se da la circunstancia de que García ejerció de presidenta del tribunal.

Los arquitectos Zenón Rodríguez, Antonio Luis González y Jorge Menéndez responderán por el presunto delito de cohecho al haber sido quienes supuestamente pagaron por obtener licencias urbanísticas. La Fiscalía reclama penas de entre tres y cuatro años de prisión e inhabilitación especial por 10 años.

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