El PSOE oficial de La Laguna vota junto a CC y PP contra la fiscalización de los conciertos sanitarios
Los tres concejales del PSOE (de cinco elegidos) afines a la comisión gestora regional en el Ayuntamiento de La Laguna, con el liderazgo de la edil Mónica Martín (además presidenta de la gestora socialista en ese municipio), rompieron este jueves con la postura política del partido al unir sus votos a los de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para rechazar una moción defendida por Unidos Se Puede (Podemos) en la que se solicitaba la fiscalización de los conciertos del Servicio Canario de la Salud (SCS) con la sanidad privada.
Mónica Martín, María José Castañeda y Zebenzuí González votaron junto a los siete concejales de Coalición Canaria y los tres del PP que estuvieron presentes en la sesión (faltó una concejala conservadora). A favor de la moción votaron los otros dos concejales socialistas (Javier Abreu y Yeray Rodríguez), además de los seis de Unidos Se Puede, los tres de Por Tenerife-Nueva Canarias y los dos de Ciudadanos. El empate a trece se resolvió con el voto de calidad del alcalde, José Alberto Díaz (CC), que tuvo que recurrir a ese derecho en varias ocasiones durante el pleno del jueves.
El desmarque de los oficialistas del PSOE en La Laguna se produce muy pocos días después de que CC y el PP, respaldados sorpresivamente por la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo (ex del PSOE), tumbaran en el Parlamento regional una proposición no de ley de Podemos reclamando que por parte de un auditor externo se procediera a elaborar un informe de fiscalización sobre los criterios de eficacia, eficiencia y economía de las prestaciones sanitarias concertadas por el Servicio Canario de la Salud durante los últimos siete años.
Esta iniciativa fue respaldada por el grupo parlamentario socialista, que viene abonando desde diciembre pasado la misma tesis que el PSOE mantuvo durante los 18 meses que compartió el Gobierno con Fernando Clavijo: la necesidad de revisar los conciertos sanitarios, que en Canarias alcanzan los 200 millones de euros anuales y que no están sometidos a controles de fiscalización desde hace decenios. Los temores a un vuelco tras la destitución de los consejeros socialistas el pasado mes de diciembre se acrecentaron al conocerse el nombre de la persona que finalmente sustituyó en la Consejería de Sanidad a Jesús Morera, nada menos que el vicepresidente de la patronal española de clínicas privadas, José Manuel Baltar.
Fue precisamente en el departamento de Sanidad donde se generó una de las batallas más ruidosas entre CC y el PSOE durante el Gobierno de coalición, al divulgarse desde el entorno mismo de Fernando Clavijo que había habido una desviación presupuestaria injustificada. La campaña contra el consejero Morera incluyó fuertes presiones para que se rebajaran los gastos en distintas partidas, incluidos los tratamientos contra la hepatitis C.
Los tres concejales oficialistas de La Laguna, que se mantienen en el Gobierno local con CC a pesar de la ruptura regional entre ambos partidos, rechazaron la moción de Unidos Se Puede, en la que se reclamaba “una revisión efectiva de los conciertos con la sanidad privada para que de modo progresivo se dedique la reducción del presupuesto de conciertos sanitarios con centros privados a la puesta en marcha de camas cerradas, así como de las no abiertas en el norte y el sur de los hospitales que configuran la red de asistencia sanitaria hospitalaria de titularidad pública del SCS, junto a la contratación del personal correspondiente para atender las necesidades que implicaría su puesta en funcionamiento”.
Igualmente, la iniciativa pretendía “instar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a inspeccionar los conciertos para la realización de actividades sanitarias existentes con el fin de asegurar que estos se cumplen y detectar sobrecostes”.
