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El traslado provisional de dos juzgados de lo Social costará casi 200.000 euros

La Junta sectorial de Jueces de lo Social rechaza la dispersión de órganos y “no alcanza a comprender” el gasto. Los abogados se oponen y piden el traslado de todos los juzgados a un edificio más salubre.

El viceconsejero de Justicia, Herrera Puentes, reconoce que no cabe un trabajador más en la actual sede, por la que se paga un alquiler de 363.771 euros anuales.

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Fachada del juzgado de lo Social en Santa Cruz de Tenerife.

Fachada del juzgado de lo Social en Santa Cruz de Tenerife.

Las obras que se realizan actualmente en la planta cuarta del edificio El Cabo, en Santa Cruz de Tenerife, para trasladar allí de forma provisional a los juzgados de lo Social 1 y 7 costarán 198.675 euros, IGIC incluido. Es la cifra oficial facilitada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad a Tenerifeahora.es y la fecha del traslado está prevista para el día 30 de este mes.

Falta por conocer la mensualidad por el arrendamiento de los dos juzgados en la misma planta en la que se ubica el juzgado de lo Mercantil 1. Por el alquiler de este juzgado se paga 130.385 euros anuales.

En la actualidad, los siete juzgados de lo Social se concentran en lo que era una galería comercial (edificio Filadelfia) cuya conversión en juzgados y salas de vistas costó cerca de tres millones de euros, además de un alquiler anual que en 2014 ha sido de 363.771 euros, según fuentes oficiales. A poca distancia, en los bajos alquilados de otro edificio se encuentran los juzgados de lo Contencioso-administrativo, cuyo alquiler anual suponen 700.325 euros. En total, 1.194.481 euros.

El traslado de los dos juzgados de lo Social es la mejor respuesta que ha encontrado la Consejería de Justicia y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ante las reiteradas quejas de los funcionarios y otros operadores jurídicos por las malas condiciones de salud ambiental e higiene, sobre todo por falta de ventilación natural, mala iluminación en algunos puestos de trabajo y espacios de menos de dos metros cuadrados por trabajador, deficiencias que han sido denunciadas por Intersindical Canaria a Inspección de Trabajo y que se reflejan en un informe de la propia Sala del TSJC.

El viceconsejero de Justicia Pedro Joaquín Herrera Puentes, reconoce que no cabe un trabajador más en la actual sede, aunque sostiene que “el edificio está óptimo para sus funciones. Pero ha habido quejas de aglomeraciones de personas durante las vistas y somos conscientes de que no puede albergar más personas” ha manifestado a Tenerifeahora.

“Por ello hemos decidido trasladar dos juzgados al edificio El Cabo, que según los informes técnicos es la mejor opción, y ubicar en el espacio que dejan libre a los tres Jueces de Adscripción Territorial (JAT), que sirven de refuerzo a esos juzgados, junto con sus funcionarios y un secretario judicial, y que ahora están ubicados en la sede de los juzgados de lo Contencioso-administrativo”.

Según el viceconsejero, “esta medida, que es provisional, cuenta con el visto bueno de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es la que representa a los jueces. Así ha sido asumido por los jueces de lo Social y los trabajadores”, añadió.

Herrera Puentes añadió que en el edificio El Cabo, además de dos oficinas judiciales para Social 1 y 7, se pretende crear una sala de vistas, al igual que otra sala de vistas más en la polémica sede actual.

Los jueces, funcionarios y abogados no están tan conformes

Pese a que el viceconsejero de Justicia sostiene que hay consenso entre los funcionarios, abogados, graduados sociales y los propios jueces de la materia para ese traslado provisional, lo cierto es que desde mayo ha habido manifestaciones en contra del mismo, tanto por la dispersión de órganos judiciales que supone como por el gasto para habilitar la nueva sede, algo que la junta sectorial de magistrados-jueces de lo Social de Santa Cruz de Tenerife ha dejado patente en el acta de su última reunión del pasado 1 de octubre.

Con respecto al gasto, la junta manifiesta que no alcanza a comprenderlo, “especialmente considerando que los juzgados de refuerzo en principio son solamente una solución temporal”.

En esa acta del 1 de octubre, los jueces de lo Social y jueces de refuerzo reiteran, como hicieron en las juntas de mayo y julio, que es posible mantener los siete juzgados y sus refuerzos en la ubicación actual, por ser “la solución con menos coste económico y humano”, y porque consideran que “la proyectada separación es de prever que provoque disfunciones en el funcionamiento de todos los juzgados, siquiera por las propias de no poder concentrar todos los juicios y conciliaciones en un mismo edificio”.

Y también “porque se obstaculiza el funcionamiento de las oficinas de refuerzo y se imposibilita igualmente que puedan señalarse juicios un mismo día por varios juzgados de refuerzo, dado que solamente se ha nombrado una secretaria judicial para el refuerzo, que obviamente, no puede estar a la vez en el edificio El Cabo y el edificio Filadelfia”.

De la misma manera, más de ochenta abogados especializados en la jurisdicción Social han hecho llegar al viceconsejero de Justicia, en un escrito con recogida de firmas, su oposición al traslado de los juzgados 1 y 7, no sólo por la dispersión de órganos que conlleva y porque habrán de suspenderse los juicios que coincidan en las salas de vistas actuales y la nueva sala del edificio El Cabo, sino también por las razones sobre salud laboral que se plasman en el informe de la Sala de Gobierno del TSJC.

“Si es por cuestiones de salubridad e higiene, ventilación y luminosidad deberían trasladarse todos los juzgados de lo Social, sin dispersar, a un nuevo edificio, pues trasladando dos juzgados no se solucionan dichas cuestiones”, resaltan los abogados.

Arrendamiento con opción a compra

La provisionalidad del traslado de los dos juzgados ha sido subrayada esta semana por las manifestaciones de Pedro Joaquín Herrera Puentes, que el viernes se reunió con la junta de personal de justicia y con abogados para presentarles las dos opciones que baraja la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, con el apoyo del TSJC, para reunir en un mismo edificio a toda la jurisdicción civil (juzgados de Primera Instancia, de lo Mercantil, de lo Social y de lo Contencioso-administrativo).

Una de las opciones es edificar en una parcela cuadrada, para lo que no hay proyectado presupuesto, y la otra es el alquiler con opción a compra del edifico ad hoc que el empresario Antonio Plasencia, propietario con el ex presidente de la Cámara de Comercio Ignacio González, de Inversiones Las Teresitas, ha levantado a escasos doscientos metros del actual Palacio de Justicia.

El inmueble de Antonio Plasencia, que en 2006 hablaba en entrevistas de la posibilidad de construir el edificio de Usos Múltiples III justo en Cabo Llanos, donde ahora se levanta su edificación, está diáfano por dentro. Su acondicionamiento sería solo cuestión de meses.

Ante esta situación, y dado que el nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife está pendiente desde 2006, tanto los representantes sindicales de los trabajadores, como los de colegios de abogados y graduados sociales apoyan que se alquile el edificio de Plasencia, una vez que la Consejería de Hacienda de la luz verde.

 

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