El presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunció el lunes que las comunidades autónomas donde gobierna su partido van a legislar en contra de la nueva ley estatal de Educación, la llamada ley Celaá. La norma ha sido aprobada en el Congreso por una mayoría absoluta que conforman siete partidos, y sustituye a la actual LOMCE -o ley Wert- que también fue aprobada en la Cámara baja por mayoría absoluta -con cinco votos más que ésta-, pero por un solo partido: el PP.
El Consejo de Gobierno andaluz se ha reunido este martes y, al terminar, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha replicado el mensaje del líder popular: “Vamos a cumplir la ley Celaá, pero ya hemos encargado a los servicios jurídicos de la Junta que aproveche cualquier resquicio legal en el marco de nuestras competencias para que se limite al máximo sus efectos en Andalucía. Aquí la escuela concertada no será subsidiaria y los padres, no un político, tendrán libertad para elegir el colegio de sus hijos”.
La idea de acudir a los letrados de la Junta para “amortiguar el impacto de la legislación estatal educativa en Andalucía” no es nueva. El anterior Gobierno socialista, siendo consejera de Educación Mar Moreno, lanzó el mismo mensaje cuando se aprobó la ley Wert, por considerarla “lesiva” para los alumnos andaluces, porque “segregaba a los buenos estudiantes de los malos”. En la práctica, este mensaje tuvo un efecto relativo, porque los aspectos más duros de aquella legislación básica -igual que ocurrirá con ésta- eran de implantación obligatoria en las comunidades (los itinerarios separados, la FP Básica...).
No es habitual que el dirigente nacional de una formación política de instrucciones legislativas a gobiernos autónomos, aunque sean de su mismo signo político. El anuncio de Casado afecta directamente a Andalucía, la comunidad con más alumnos de España -1,8 millones de estudiantes-, donde las competencias en materia educativa las gestiona Ciudadanos, socio de coalición del PP. El consejero del ramo, Javier Imbroda, se enteró por la radio de que el líder nacional del PP planteaba una suerte de “contrarreforma” legislativa en su propio departamento.
En Andalucía, PP y Ciudadanos -y por extensión su socio de legislatura, Vox- no van discutir la estrategia de sus líderes nacionales contra la ley Celaá, porque comparten la práctica totalidad de sus denuncias, sus críticas y su intención de impugnar la normativa en los tribunales, cuando ésta entre en vigor. Ya lo hicieron en el pasado contra la LOE, la norma básica anterior a la ley Wert, que fue protestada en las calles y llevada ante el Tribunal Constitucional con el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica. Entonces, como ahora, el eje principal de las denuncias, el que más triunfa en los sectores más conservadores de la política y la sociedad es el llamado “derecho a la libertad de elección de centro”. “¡Libertad, libertad, libertad!”, gritó en pie la bancada popular en el Congreso cuando la ley Celaá salió aprobada.
El Defensor del Pueblo -estatal y andaluz- define este fenómeno así: “Los padres, madres o tutores legales del alumnado o, en su caso, el alumnado mayor de edad, tienen derecho a elegir libremente centro docente, dentro de la programación de la red de centros realizada por la Consejería de Educación”, y añade: “sólo en el supuesto de que el número de plazas escolares vacantes de las enseñanzas financiadas con fondos públicos en un centro fuera inferior al número de solicitudes, se aplicarán los criterios de admisión recogidos en la normativa”.
El Gobierno andaluz de PP y Cs tiene un problema a la hora de sumarse a esta reivindicación: los datos de su Consejería de Educación niegan tajantemente que, ni ahora ni durante los años de gobiernos socialistas, hubiera un desequilibrio alarmante entre la oferta y la demanda de plazas escolares. Desde hace dos décadas, nueve de cada diez familias andaluzas logra escolarizar a sus hijos en el colegio elegido en primera opción.
Aquí está el histórico de datos que aporta la consejería: en el presente curso escolar 2020/2021, el 93,7% de los alumnos que ingresaba por primera vez al sistema escolar (a los 3 años) ha obtenido plaza en la escuela elegida como primera opción, el 97% si se incluye la segunda opción; en el curso 2019/2020; el 93% logró su primera opción, el 97% sumando la segunda; en 2018/2019, el 89,39% de niños entró en el primer colegio elegido, el 94,06% con la segunda opción; en 2017/2018, el 93,4% logró plaza en la primera escuela seleccionada, el 97,57% incluyendo la segunda; en 2016 entró el 94% en la primera escuela elegida; en 2015 lo logró el 93%; en 2014 lo consiguió el 96,3%... en el curso 2001-2002 el 98% de los niños de 3 años se matricularon en el primer o segundo colegio elegido por sus padres.
El porcentaje de admisión apenas ha variado en dos décadas. Tras denunciar que “en Andalucía no existía la libertad de elección de centros con anteriores gobiernos socialistas”, este periódico ha preguntado al portavoz de la Junta por vía telemática al respecto, enumerando todos los datos de matriculación de los últimos diez años -con un porcentaje de admisión en públicos y concertados superior al 90%-, pero la pregunta no ha sido reproducida por la Oficina del Portavoz (se trataba de una rueda de prensa telemática por la seguridad frente a la Covid-19).
El presente curso escolar es el primero con un decreto de escolarización diseñado por un Gobierno de centro derechas, que emana directamente de la ley Wert, y hace mención explícita a la “demanda social”. Es decir, que la planificación escolar -la oferta de plazas públicas y concertadas- debe ajustarse en la medida de lo posible a lo que pidan las familias. Este punto de la norma, que ha eliminado la nueva ley Celaá, era una demanda histórica de la escuela privada concertada. Pero, en Andalucía, ¿dónde se producía un desajuste entre oferta y demanda, con un porcentaje de satisfacción superior al 90%?
En la práctica, el nuevo decreto de escolarización de la Junta ha tenido una variación residual respecto a cursos anteriores. La novedad del texto es que “todos los distritos escolares de Andalucía pasarán a tener oferta pública y concertada” en igualdad de condiciones, es decir, que para las familias que vivan en zonas donde no haya colegios concertados, la Consejería de Educación les ofrecía una escuela de estas características en el distrito limítrofe (con los mismos puntos por domicilio familiar que si perteneciese a su zona). ¿Qué ha significado esto en la práctica? Según los datos de matriculación de este año, poca cosa. Las cifras oficiales de escolarización de Andalucía no encajan con el discurso oficial del Gobierno de PP y Cs.
Aquí, los tres ejemplos más claros: Uno, las familias andaluzas que no logran escolarizar a su hijo en el colegio que han elegido como primera opción suponen un 7% del total -en una media con los datos de la consejería de los últimos diez años-. Dos, el 82% de los municipios andaluces no tiene colegios privados concertados. El propio Imbroda ha repetido machaconamente este dato durante el proceso de escolarización de este año, aportando dos razones fáciles de entender:el 80% de la población andaluza se concentra en las capitales y grandes urbes; y porque la apertura de centros semiprivados depende de empresas que se rigen por criterios de rentabilidad. Y los pueblos y barrios de menos renta de Andalucía no resultan tan rentables.
Esta explicación lleva al último ejemplo: el actual decreto de escolarización incluye la oferta de un colegio concertado en los distritos escolares de las grandes ciudades donde no haya oferta concertada. ¿Y dónde ocurre eso? Según la consejería, sólo en tres distritos de tres capitales de provincia, uno en Sevilla, otro en Málaga y el tercero en Granada. Estas tres zonas comparten cosas en común, por ejemplo, tienen la renta familiar media más baja de la ciudad y serios problemas de vulnerabilidad socioeconómica. En Sevilla capital, el único distrito escolar sin oferta de escuelas concertadas es el Polígono Sur, una zona donde se ubican las Tres Mil Viviendas, con un altísimo índice de paro, pobreza, exclusión y fracaso escolar. La Junta ofertó a los alumnos de esta zona un centro privado concertado en el distrito escolar colindante, pero esta escuela no ha recibido ninguna solicitud de matrícula de fuera.
Ese 7% de familias andaluzas que no logra plaza en la escuela que ha elegido tiene algo en común: no quieren ninguna otra escuela que la seleccionada. Porque en los distritos donde residen, sobre todo en los últimos años de caída de la natalidad, no sólo quedan vacantes en otros colegios públicos, también en los concertados. La sobredemanda de plazas, por ejemplo en Sevilla capital, no se concentra en barrios o distritos concretos, sino en una decena de escuelas católicas concertadas de alto predicamente social, con un alumnado de renta media alta, cuyos padres pueden afrontar los sobregastos que estas escuelas les demandan (es fácil reconocerlas, porque cada año, tras la publicación en la lista provisional de admitidos, ante sus puertas hacen campaña abogados y detectives que saben buscarle orificios a la escolarización para colar a sus hijos en estas escuelas).
Son familias que abanderan el grito de “libertad de elección de centro”, capaces también de acudir a los tribunales para lograr la admisión de su hijo por vía judicial, o de contratar a un detective para investigar los puntos de los niños que sí han entrado a la primera. La protesta unánime de estas familias es, posiblemente, uno de los movimientos asociativos más consolidado en la sociedad sevillana, empujado por intereses empresariales de los titulares de este puñado de escuelas católicas semiprivadas, que con el tiempo han logrado presionar al Gobierno andaluz socialista para que ampliara la red de conciertos. Así, mientras el equilibrio entre la red pública y concertada en Andalucía es de más o menos 80%-20%, en Sevilla capital el reparto es del 50-50%